La gestión del Ministerio de Transportes ha entrado en una fase crítica de la que difícilmente saldrá indemne. Miguel Tellado, secretario general del Partido Popular, ha verbalizado este domingo lo que ya era un clamor en buena parte de la sociedad española. La exigencia de dimisión inmediata para Óscar Puente no es solo una maniobra política, sino una respuesta a la opacidad oficial.
El trágico accidente en Adamuz, que se cobró la vida de 45 personas, ha destapado las costuras de un departamento más centrado en el márketing que en el mantenimiento. El Gobierno ha sido acusado directamente de ocultar información que solo el ministro y su círculo más cercano manejaban. La confianza de los ciudadanos en la seguridad ferroviaria nacional se encuentra hoy bajo mínimos históricos.
Resulta especialmente grave que Puente insistiera durante toda la semana en la excelencia de la línea Madrid-Andalucía. El ministro sacó pecho por una supuesta inversión de 700 millones de euros en una infraestructura que ha demostrado serias deficiencias. Vender una renovación total mientras los raíles fallan es, en palabras de la oposición, una falta de respeto a las víctimas.
Las versiones contradictorias sobre el estado del raíl han generado un clima de sospecha insostenible para un servidor público. El ministro vaciló de forma errática sobre las causas técnicas del descarrilamiento del tren Iryo, ofreciendo explicaciones incompletas. Esta falta de rigor técnico evidencia una preocupante improvisación en la gestión de una crisis de tal magnitud.
La polémica se ha extendido también a la cronología de los hechos y al aviso a los servicios de emergencia. Las filtraciones interesadas de llamadas telefónicas incompletas sugieren un intento desesperado por salvar la cara al Ejecutivo.
Para el Partido Popular, sostener falsedades ante la opinión pública constituye una infracción ética que invalida a Puente para seguir en el cargo. El secretario general de los populares considera que el ministro no puede permanecer en su despacho ni un minuto más. La gestión de los tiempos y la veracidad de los datos han sido, sencillamente, deficientes.
La sombra de la negligencia no se limita solo a Córdoba, sino que se extiende por toda la red ferroviaria de titularidad estatal. Tellado ha vinculado directamente la gestión del Gobierno con el desenlace fatal de los últimos siniestros ocurridos en territorio español. La responsabilidad política, en un país democrático serio, debería asumirse con rapidez ante hechos de esta gravedad.
A las 45 víctimas de Adamuz se suma el fallecimiento de un maquinista en el reciente accidente de Rodalies en Gélida. Dos tragedias en una misma semana conforman un cuadro desolador para el sistema de transportes español bajo el mando socialista. El contraste entre la agresividad verbal de Puente en redes sociales y su ineficacia administrativa es hoy más evidente que nunca.
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