¿Cuál es la postura de Concordia Cívica ante el desafío del presidente de la Generalitat de poner fecha y contenido a la pregunta de la consulta ilegal?
Concordia Cívica expresa su preocupación por el desprecio que el presidente de la Generalitat evidencia hacia el Estado de Derecho y la democracia. Y aún más cuando, de las palabras y la “escenografía” de las declaraciones efectuadas, se desprende que intenta burlar a la justicia con el pretexto de que solo se trata de un “anuncio” que, por ello, no podría ser objeto más que de rechazo cívico y político. No lo calificaría de desafío, por cuanto, la pretensión de nadar y guardar la ropa, para evitar inhabilitaciones u otras sanciones, lo que evidencia es una cobardía política mayúscula.
¿Cómo es posible que se acepte el arbitraje de la Comisión de Venecia y justo una semana después incumplirlo?
Todo está dentro del mismo “escenario”, de la misma ceremonia de la confusión. No olvidemos que desde la Generalitat se pretendió desnaturalizar y tergiversar el sentido de la carta que la Comisión de Venecia envió como respuesta a la del President Puigdemont solicitando la intervención de este órgano de defensa del Estado de Derecho. Tal como el Presidente de la Comisión de Venecia afirmó en la respuesta, esta comisión, cuyo nombre es Comisión para la Democracia a través del Derecho, prescribe que todo referéndum debe estar previsto constitucionalmente y regulado por ley.
Puigdemont buscaba un subterfugio que no obtuvo, ya que la comisión le recordó también que, en el marco de la ley, la realización del referéndum tendría, en su caso, que tener el beneplácito del Gobierno español. No es, pues, extraño que, como acostumbra, el President de la Generalitat amague con ampararse en la legalidad internacional para transgredirla a continuación de la manera más burda.
¿Cree que este anuncio tendrá algún tipo de impacto en la opinión pública internacional?
El anuncio de la voluntad del Govern para realizar un referéndum el próximo 1 de octubre (Día del Caudillo, por cierto, aniversario del nombramiento de Franco como Jefe de Estado en Burgos), no va a tener impacto positivo alguno en el ámbito internacional. La Generalitat y los partidos secesionistas, pese a los esfuerzos del Diplocat y la Consejería de Exteriores dirigidos a la “internacionalización del conflicto”, se encuentran cada vez más aislados y no reciben apoyos más que de grupos muy minoritarios y no precisamente bien valorados desde indicadores democráticos. Ni un solo gobierno de la UE les va a dar apoyo.
Los que podrían ser aliados naturales suyos, como los independentistas escoceses están en franca retirada por el mal resultado electoral que acaban de tener, reduciendo a la mitad sus escaños en el parlamento de Westminster. Diputados de los países bálticos, a los que se ha pretendido tener como aliados no ven claros ni los argumentos ni los objetivos ni los métodos que aquí se están utilizando. Es cierto que en alguna prensa pueden encontrar eco, pero los analistas serios expresan también sendas dudas acerca de todo ello, en cuanto pueden contrastar con organizaciones neutrales o con entidades constitucionalistas la propaganda emitida desde el secesionismo.
¿Cuál debería ser la postura del gobierno ante este nuevo desafío?
El Gobierno español tiene que apoyar, como no me cabe la menor duda que hará, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos de todos los catalanes y españoles ante este desafío. Nos espera un verano “caliente”. Hoy mismo han aparecido pasquines en distintos lugares de Cataluña calificando de “enemigos del pueblo”, personalizando las imágenes en los líderes de los partidos constitucionalistas, a los que somos contrarios a la realización de ese referéndum ilegal y anticonstitucional. Veremos qué nos deparan los próximos días y semanas porque el secesionismo se está atrincherando en las instituciones y, dicen, pretende tomar la calle. La respuesta debe ser, además de legal, proporcionada a los hechos que se realicen.
El Estado de Derecho tiene múltiples instrumentos que el Gobierno puede desplegar, teniendo en cuenta lo que vaya sucediendo, para hacer frente a la “fase aguda” de la enfermedad secesionista: desde la Ley de Seguridad Nacional, a las medidas administrativas previstas legalmente, el Código Penal o, en su caso, la aplicación de las medidas sancionadoras previstas en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional reformada, en la legislación de excepción o en el art. 155 de la Constitución. Sin embargo, después de esta “fase aguda” nos quedaremos en la “crónica”, puesto que va a ser muy largo y costoso recuperar la Cataluña que queremos, libre, plural y abierta, en la que la ciudadanía pueda gozar de igualdad de derechos. Nos va a tocar trabajar intensamente, especialmente en el ámbito de la comunicación y de la educación. Concordia Cívica está preparada para ello.
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