SCC ante la declaración de independencia de Cataluña

Desde Societat Civil Catalana, al hilo de los acontecimientos surgidos en estos tres últimos días, queremos comunicar a la opinión pública lo siguiente:

1.- El 10 de octubre, Cataluña vivió la página más negra de su reciente historia. El Presidente, Carles Puigdemont, declaró la independencia en el Pleno del Parlamento al tiempo que suspendía su eficacia y firmaba, junto con el resto de diputados independentistas, la declaración de constitución de la República Catalana.

2.- Societat Civil Catalana entiende como un acto de una incalificable deslealtad al ordenamiento jurídico la declaración y la firma del documento que coloca a las instituciones catalanas al margen de la legalidad constitucional. La suspensión de los efectos de la declaración de independencia no atenúa la trascendencia de la decisión. El Presidente de la Generalitat, con el Gobierno catalán al frente, ha decidido dar por finalizada la autonomía de Cataluña y caminar hacía la constitución de la República catalana con la consiguiente destrucción del orden constitucional español.

3.- Con esta nueva situación, la Generalitat pretende sustraer a los catalanes nuestra condición de españoles y privarnos de los derechos reconocidos en la Constitución española.

4.- Desde el 6 de septiembre Cataluña vive una situación de excepcionalidad a la que debe ponerse fin.  La intranquilidad política, económica y vital en que tienen sumidas las autoridades independentistas al conjunto de los catalanes no cesará hasta que se recupere la normalidad institucional, con el acatamiento expreso a la realidad constitucional.

5.- En este contexto, para contribuir a restañar la fractura social y atenuar el tremendo daño económico y social que la insensatez independentista ha causado, Societat Civil Catalana considera imprescindible la adopción de medidas políticas para restaurar el principio de legalidad y la seguridad jurídica en Cataluña.

6.- Por ello, apoyamos expresamente la necesidad de clarificar el alcance de la declaración efectuada por el Presidente de la Generalitat de Cataluña y a esos efectos consideramos pertinente y proporcional el requerimiento efectuado por el Gobierno de España al Gobierno de la Generalitat. Como una contestación posible, SCC solo contempla que  el  Presidente de la Generalitat abandone expresamente la vía de la insumisión y acepte el marco determinado por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, renunciando a cualquier forma de chantaje.

7.- En todo caso, de no hacerse así, ya advertimos que Societat Civil Catalana no reconoce ningún mandato popular como base de legitimación de la nueva y fraudulenta legalidad catalana. No acatamos las disposiciones que le dan amparo, dado que actualmente están suspendidas por el Tribunal Constitucional.

8.- De todas maneras, el mal causado por el Presidente Puigdemont y su gobierno es de tal gravedad que les inhabilita para seguir estando al frente de las instituciones autonómicas, por lo que entra dentro de lo pertinente que las instituciones adopten las medidas oportunas para nombrar a personas que entiendan que el principio de lealtad es sustancial a la acción de gobierno.

9- El mal causado a la convivencia por el nacionalismo hace viable, entre otras,  la adopción de las medidas constitucionalmente previstas para el caso de que las instituciones catalanas se nieguen a volver a la normalidad institucional.

10.- Ello con independencia de que, lógicamente, respetemos y acatemos las decisiones judiciales relacionadas con las investigaciones llevadas a efecto por la posible comisión de diversos tipos penales por las autoridades y funcionarios implicados en el proceso independentista.

11.- SCC reitera una vez más su petición a los actores políticos para que recuperen la vía del acuerdo dentro de la legalidad y del estado de derecho, al tiempo que considera improcedente abrir la vía de la mediación al negar la existencia de sujetos políticos distintos. La Comunidad Autónoma de Cataluña carece de legitimación suficiente dado que forma parte de la plural realidad española.

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