El sindicato mayoritario dentro del cuerpo de los Mossos d’Esquadra, el Sindicat de Polícies de Catalunya, ha dirigido una petición al Director General de la Policia de Cataluña, Pere Soler, en el que le pide que le aclare la confusión que, según esta organización sindical, detecta entre las órdenes que ha dictado la Fiscalía y el Major de los Mossos, Josep Lluís Trapero.
Trapero, en sus instrucciones a todos los miembros del cuerpo de Mossos, pretende que todas las diligencias que estén relacionadas con las órdenes de Fiscalía para evitar actos relacionados con el 1 de octubre han de pasar por el filtro de la Comisaría de Información, que sería la que remitiría los atestados o informes a la Fiscalía.
En la misiva que dirige el sindicato a Soler le informan que la Fiscalía Superior de Catalunya en la Instrucción 2/2017 a la Comisaría General de Información, en el punto III, apartado 3º indica que «los funcionarios policiales practicarán de forma inmediata las diligencias necesarias para acreditar los hechos delictivos y determinar las responsabilidades penales exigibles».
El sindicato, ante «la gran cantidad de consultas de afiliados a nuestra organización» pide a Soler que dicte «directrices» para saber como deben los agentes actuar en cada caso como, por ejemplo, si han de decomisar material electoral si detectan a ciudadanos haciendo publicidad sobre la consulta ilegal. Y piden que la respuesta sea «urgente».
Fuentes ajenas a este sindicato consultadas por elCatalán.es interpretan que la intención de Trapero a la hora de dar instrucciones confusas con respecto a las órdenes de Fiscalía sería dilatar los procedimientos para no poner en apuros a sus superiores en el Departamento de Interior sin caer en un delito de desobediencia, dado que formalmente ha acatado las directrices emitidas por los fiscales.
Según Xavier Marin, portavoz de Seguridad de Societat Civil Catalana, en las policías locales de Cataluña, cuyos jefes también han recibido órdenes escritas directas de la Fiscalía con acuse de recibo, «también padecen graves contradicciones con algunas de sus alcaldías que, haciendo caso omiso a los dictámenes de sus propios secretarios municipales, han manifestado que pondrán locales y recursos para facilitar el referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, como ya ha sido el caso de Badalona».
«Sus policías han de optar por ejecutar sin dilación la orden de la Fiscalía, a la vez que se han de enfrentar con sus propias autoridades municipales», ha concluído Marín.
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