Que a Colau no le gustan los jueces no es algo nuevo, al fin y al cabo, su fama proviene de su activismo en la plataforma antidesahucios y por eso, tras su exiguo triunfo en las elecciones municipales del 2015, ya advirtió que “si hay que desobedecer leyes injustas, se desobedecen”. Fue toda una declaración de intenciones de lo que iba a ser su mandato.
A lo largo de estos años la hemos visto desafiar, no solo a la ley, sino también cuestionar y menospreciar a la justicia. Menosprecia a la ley cuando alienta las ocupaciones ilegales, permite actividades irregulares en las calles, se niega a condenar y mira hacia otro lado cuando se usa la violencia política contra los adversarios, o cuando guarda silencio ante los cobardes ataques de los cachorros de Arran.
Todo ello ha puesto a Barcelona en una situación de degradación pública por su incompetencia para gestionar una ciudad y ostentar un cargo que desde el primer día le vino grande. Pero no es menos grave la degradación moral a la que ha sometido a la institución que preside, aprobando resoluciones que de forma ilegítima pretenden desacreditar la labor de la justicia. Para ella, la intimidación o coacción a quien piensa distinto es algo aceptable. Por eso no nos sorprende que en el último pleno de noviembre, cuando Ciudadanos volvió a presentar una declaración para manifestar el apoyo a los servidores públicos y el rechazo a actitudes violentas con las que se quiere intimidar a funcionarios o condenar agresiones a domicilios como el del Juez Llarena, Colau negara su apoyo. Era la tercera vez.
La alcaldesa y sus prosélitos Jaume Asens y Gerardo Pisarello prefieren utilizar el Ayuntamiento de forma ilegítima e inmoral, no solo para ponerlo al servicio del independentismo al que han apoyado en todo momento, sino también para sumarse a declaraciones con las que han pretendido blanquear delitos, desafiar y enmendar a la justicia o condenar al Rey.
La primera en enero del 2016, cuando Asens consiguió los apoyos suficientes para que el consistorio se pronunciara a favor de indultar a varios jóvenes por el asedio al Parlament, e instó a realizar acciones para evitar el ingreso en prisión de los condenados en un intento de utilizar la institución municipal como instrumento de presión y enmienda a una decisión judicial.
La segunda en julio de 2017, cuando Colau apoyó con entusiasmo a la CUP en una declaración que instaba a condenar la violencia policial contra la militancia independentista y reparar la memoria de los condenados por terrorismo en la operación Garzón del año 1992. Las penas impuestas llegaron para algunos a los 27 años de prisión. La declaración pretendía blanquear a quienes fueron condenados por terrorismo.
La tercera fue durante el pleno del pasado octubre en la que se condenó el posicionamiento del rey Felipe VI en relación con el «conflicto catalán» y la actuación de los cuerpos de seguridad el 1 de octubre de 2017 apostando por la «abolición» de la monarquía.
La cuarta ha tenido lugar este mismo viernes cuando una propuesta del PdCat, el residuo de la extinta CiU del 3%, en un alarde de supremacismo, se atrevió a exigir la libertad inmediata e incondicional de los políticos presos, el retorno de los huidos de la justicia y la retirada de los cargos por los que resultaban encausados porque ellos están por encima de la ley.
Todas las declaraciones son ejemplos del uso ilegítimo e inmoral del pleno municipal que ni puede ni debe hacer declaraciones para presionar e interferir en la labor de otras instituciones, especialmente, de la justicia con la pretensión de desprestigiarla y socavar su legitimidad democrática.
Si creen que con ello podrán perturbar las condiciones de independencia e imparcialidad con las que los jueces deben desarrollar su labor, se equivocan, porque no nos callarán. Nos manifestaremos en contra de los indultos, nos revelaremos contra el blanqueamiento de terroristas y España, que es una nación seria y decente, ni promete ni regala impunidad a quienes intentan liquidarla.
Por Carina Mejías. Presidenta del grupo municipal de Cs en el Ayuntamiento de Barcelona
Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
necesita tu apoyo económico para defender la españolidad de Cataluña y la igualdad de todos los españoles ante la ley.
