El magistrado del Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, Francisco Miralles, ha archivado un total de 51 denuncias presentadas por varios lesionados por la actuación de la policía en seis colegios electorales de la ciudad el 1 de octubre, el juez es claro, en la mayoría de casos la actuación de los cuerpos policiales fue proporcionada y en otros no hay ninguna prueba que verifique mala actuación.
En este caso es importante destacar que también archiva las reclamaciones de los directores de los centros por los destrozos causados por la actuación policial, el juez los considera lógicos dentro de un operativo de tal envergadura.
El juez asegura que ese día «los agentes de la policía recibieron órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de impedir la utilización de locales públicos para la celebración del referéndum«.
En este sentido, el juez concluye que «corresponde al Estado el monopolio del uso de la fuerza, la que se ejerce mediante los cuerpos y fuerzas de seguridad». «El uso de la fuerza es legítimo siempre que haya una justificación para ello y se realiza con la debida proporcionalidad«, concluye.
El archivo de estas denuncias demuestra que en su inmensa mayoría tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil actúo de forma proporcional en la consulta separatista ilegal del 1 de octubre en Cataluña, desmontando el victimismo y las falsas acusaciones que aquellos días se vertieron contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
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