La Guardia Civil ha interceptado este viernes en la localidad valenciana de Picanya al supuesto creador y máximo responsable del grupo radical conocido como «Blocus» en territorio nacional. Los agentes le consideran el cerebro detrás de las convocatorias digitales que instrumentalizaban protestas de carácter estudiantil para orquestar saqueos y disturbios callejeros.
La intervención policial se ha precipitado ante la inminencia de una nueva jornada de movilizaciones convocada para este próximo sábado. Los investigadores seguían la pista de los canales de mensajería rápida utilizados por el sospechoso para coordinar acciones violentas bajo una fachada reivindicativa.
Las pesquisas relacionan directamente a este entramado digital con los violentos sucesos registrados el pasado veinticuatro de octubre en Barcelona. En aquella ocasión, cerca de medio millar de personas participaron en graves altercados urbanos que se saldaron con establecimientos desvalizados, incendios en la vía pública y numerosas detenciones de menores.
El funcionamiento operativo de la organización comenzaba en plataformas abiertas como TikTok. Mediante carteles elaborados con inteligencia artificial y códigos QR, los promotores captaban la atención de los jóvenes para derivarlos posteriormente hacia chats privados en WhatsApp y Telegram.
Los organizadores instaban a los menores a propagar los enlaces de invitación en sus círculos escolares. De este modo, las consignas ilícitas penetraron con facilidad en institutos y centros educativos, maximizando la captación de un público adolescente altamente influenciable. Las instrucciones difundidas por los cabecillas exigían acudir a las concentraciones portando mochilas, libros y pancartas convencionales. Esta escenografía buscaba simular una marcha estudiantil ordinaria, ocultando un trasfondo real de confrontación y violencia programada.
Como parte obligatoria del protocolo interno, los asistentes debían vestir indumentaria de color negro y cubrirse el rostro con máscaras. Estas directrices pretendían dificultar las labores de identificación de los alborotadores por parte de las fuerzas de seguridad durante los desmanes.
Para la jornada prevista a finales de octubre, el plan contemplaba un punto de encuentro inicial genérico. Una vez congregados, los cabecillas planeaban utilizar mensajería instantánea para coordinar en tiempo real los ataques contra locales comerciales desprovistos de vigilancia policial.
Entre los objetivos barajados en los chats figuraban establecimientos de lujo, joyerías y grandes almacenes, además de propuestas extremas para prender fuego a comercios e incluso al propio edificio consistorial barcelonés. La rápida actuación del Instituto Armado ha evitado que estos planes llegaran a materializarse.
Las autoridades han recordado que el amparo del derecho de protesta no cubre actos vandálicos, hurtos ni agresiones. Asimismo, han alertado a las familias sobre las graves consecuencias legales y penales que estas conductas acarrean para los menores implicados.
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