El Gobierno vuelve a poner a prueba la paciencia de los ciudadanos. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha puesto sobre la mesa una medida drástica. El Ejecutivo se plantea interrumpir por completo la circulación en la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona durante un periodo de 12 a 24 meses. La propuesta implica paralizar la arteria ferroviaria más importante del país para acometer obras de reforma integral.
El titular de Transportes argumenta que este cierre prolongado permitiría acortar los plazos de ejecución. Según sus cálculos, los trabajos durarían cinco años con el modelo actual, mientras que con el apagón total se reducirían a un máximo de dos años. Para justificar semejante paralización, el ministro se ampara en el denominado «modelo alemán». Según Puente, en el país germano es habitual cortar por completo el servicio para acometer renovaciones integrales. Sin embargo, omitió las diferencias estructurales y las alternativas de movilidad que existen entre ambos países antes de pretender importar ese esquema.
Hasta la fecha, el criterio en España priorizaba el mantenimiento del servicio mientras se ejecutaban las mejoras durante las bandas nocturnas. El ministro arremete ahora contra este sistema tradicional, al que culpa directamente de los constantes problemas de puntualidad y fiabilidad que sufren a diario los viajeros.
El anuncio se produce en un contexto crítico para la gestión de las infraestructuras en España. La red ferroviaria atraviesa uno de sus momentos más oscuros tras los graves descarrilamientos e incidencias registrados en los últimos meses. Sin embargo, la respuesta ministerial consiste en trasladar el coste del problema a los propios usuarios.
Privar a miles de pasajeros diarios del enlace entre las dos principales capitales españolas supondría un golpe directo a la actividad económica. Familias, trabajadores y empresas verían drásticamente mermada su movilidad sin que se hayan presentado planes alternativos de transporte realistas y eficientes. La Comparecencia del ministro sirvió también para dar cuenta de las trágicas consecuencias del reciente accidente de Urda. Lejos de asumir responsabilidades políticas por el estado de las infraestructuras, el Ejecutivo busca desviarse hacia un debate sobre el modelo de obras para el futuro.
Durante su intervención, Puente rechazó de forma categórica presentar su dimisión. Pese a la extrema gravedad de las víctimas mortales acumuladas en los trágicos siniestros de Adamuz y Urda, el titular de Transportes insiste en mantenerse en su sillón oficial. El ministro prefirió señalar directamente hacia los técnicos de la empresa pública Adif. Según sus palabras, las primeras investigaciones apuntan a fallos en el centro de control, eludiendo cualquier tipo de responsabilidad política o de gestión en la cúpula del Ministerio.
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