El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía contra la ‘consellera’ de Governació, Meritxell Borràs, por prevaricación, desobediencia y malversación, delito que comporta pena de prisión. El motivo es haber licitado las urnas para la consulta ilegal que quiere organizar Carles Puigdemont el 1 de octubre, otro de esos “días históricos” tan frecuentes en el particular calendario de los partidos separatistas.
El Gobierno de la Generalitat, que juega a la “astucia” de la que se presumía Mas, y quiere aprobar en veinticuatro horas, sin debate y maniatando a la oposición, una ley que acaba, según ellos, con la legalidad “española” en Cataluña, se está encontrando con la realidad del Estado de Derecho, que no permite actuaciones impunes.
Los magistrados consideran que los hechos denunciados por la fiscalía en su querella son de “fácil constatación” al haber sido publicados en diarios oficiales y por los medios de comunicación. El auto argumenta que de ellos se desprende la existencia de “indicios suficientes” de la concurrencia de los tres delitos que se atribuye a Borràs. Ya no sale gratis saltarse las normas de convivencia de las que nos hemos dotado los españoles. Al fin.
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