SCC habilita un buzón anónimo para que los Mossos puedan denunciar presiones

El vicepresidente de Societat Civil Catalana, Álex Ramos; los vocales de la Junta Directiva, Manuel Miró y Xavier Marín; y el secretario general de la sectorial de seguridad y prevención de la entidad, Javier Balañá; han presentado este viernes un escrito expresando su rechazo al reciente nombramiento de Pere Soler como nuevo director de los Mossos d’Esquadra, en base a criterios exclusivamente políticos.

Ramos ha explicado que en el documento también se anuncia la activación de un buzón anónimo con la finalidad de que los funcionarios de este cuerpo policial “denuncien las presiones que puedan recibir de sus responsables jerárquicos, sean estos políticos, o mandos policiales”. Además ha añadido que este buzón también podrá ser utilizado por cualquier ciudadano que quiera exponer “sus quejas o denuncias por cualquier vulneración del Estado de Derecho vigente en relación al procés secesionista” y ha anunciado que la dirección del buzón es misderechos@societatcivilcatalana.cat, que estará activo desde el 25 de julio, y que el teléfono de atención es el 93 624 32 37 en horario laboral de 10 a 14 horas.

Por otro lado, Manuel Miró ha explicado que Societat Civil Catalana ha presentado, junto con Abogados por la Constitución, una ampliación de la denuncia del pago del 9N, con la finalidad de verificar la implicación de los interventores (funcionarios), señalados por la Generalitat como responsables de la consulta que se realizó.

No obstante, Álex Ramos ha aclarado que el objetivo de la presentación de esta ampliación es que los funcionarios “puedan manifestar si cumplían órdenes y de parte de quién cumplían estas órdenes”. El vicepresidente ha asegurado que la entidad “de ninguna manera” quiere señalar a los funcionarios, sino que el propósito es que “se puedan expresar con la finalidad de destapar a los verdaderos responsables”.

En este sentido Manuel Miró ha añadido que “no vamos en contra de los funcionarios, la responsabilidad debe recaer sobre los que ordenaron los pagos”, es decir, “queremos saber quién ordenó el gasto del 9N y que asuma las consecuencias”.

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