La Audiencia de Barcelona ha dictado una nueva sentencia que pone límites al acoso separatista en las aulas. Un vecino de L’Hospitalet de Llobregat ha sido condenado a quince meses de prisión por sus ataques en redes sociales hacia la familia de Canet de Mar. Esta familia fue la que logró judicialmente el 25% de clases en castellano para su hija en la escuela Turó del Drac.
El tribunal considera que el acusado cometió tres delitos contra la integridad moral. Los magistrados consideran inadmisibles los comentarios vertidos en las redes, que buscaban la humillación pública de los afectados. La resolución judicial deja claro que la discrepancia política no justifica en ningún caso el señalamiento personal.
Los hechos se remontan a la campaña de presión que el nacionalismo catalán orquestó tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En aquel momento de alta tensión, el condenado llegó a pedir en sus redes sociales que se hiciera «bullying» al menor afectado. Aquella campaña evidenció la desprotección de los ciudadanos que simplemente exigen el cumplimiento de la ley lingüística.
La sentencia califica las expresiones del acusado como humillantes y flagrantemente hirientes. El tribunal concluye que estos mensajes vulneraron de forma directa el derecho a la integridad y a la dignidad humana. De este modo, la justicia frena la impunidad con la que actúan ciertos sectores radicales amparados en el anonimato de las redes.
A pesar de la gravedad de los mensajes, la Audiencia de Barcelona ha optado por una rebaja respecto a las peticiones iniciales. El tribunal desestimó la acusación por delito de odio que solicitaban tanto la Fiscalía como la propia familia. Estas acusaciones pedían penas que oscilaban entre los dos y los seis años de privación de libertad.
Además de los quince meses de cárcel, el procesado tendrá que abonar una multa de 4.000 euros. Esta sanción económica busca reparar parcialmente el daño moral causado a unos padres que solo defendían la educación bilingüe de su hija. La resolución demuestra que el acoso ideológico en Cataluña empieza a tener consecuencias penales reales.
Cabe destacar que este no es un caso aislado, sino que llueve sobre mojado en el marco del conflicto lingüístico catalán. Se trata ya de la segunda condena en firme que emite la justicia por el hostigamiento hacia esta misma familia de Canet de Mar. El entorno escolar de la menor se convirtió en un escenario de batalla ideológica intolerable.
El pasado mes de octubre, la misma Audiencia de Barcelona ya condenó a otro individuo a dos años de prisión por hechos similares. En aquella ocasión, la indemnización impuesta a favor de los afectados ascendió a los 9.000 euros. Estos precedentes judiciales confirman la existencia de una campaña coordinada de hostigamiento hacia los no nacionalistas.
En aquel primer juicio, otros dos investigados resultaron absueltos por los magistrados. El tribunal determinó entonces que sus comentarios, aunque de indudable mal gusto, no alcanzaban la gravedad penal suficiente. Sin embargo, el fallo actual vuelve a encender las alarmas sobre el clima de convivencia en Cataluña.
Este escenario refleja la pasividad de las administraciones públicas ante el señalamiento de las familias que piden castellano. La tibieza institucional ante estos ataques fomenta que los radicales traspasen las líneas rojas de la legalidad. La justicia, una vez más, tiene que actuar allí donde el Gobierno y la Generalitat deciden mirar hacia otro lado.
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