La reciente visita del papa León XIV a Barcelona debió ser un acontecimiento histórico marcado por la solemnidad, el respeto y la proyección internacional de Cataluña. Sin embargo, los sectores más radicales del nacionalismo, con la habitual complacencia de una izquierda desnortada, intentaron secuestrar el acto de la Sagrada Familia. Pretendían transformar una celebración litúrgica de calado mundial en un vulgar escenario de reivindicación política. El amago de boicot en el interior del templo de la Sagrada Familia demuestra, una vez más, la preocupante falta de límites institucionales y morales de quienes anteponen su agenda identitaria a cualquier otra consideración.
La alerta saltó cuando la seguridad detectó que unos 600 miembros de las corales invitadas planeaban reventar el tramo final de la ceremonia. Un grupo de participantes pretendía entonar el himno de Els Segadors justo en el momento de la bendición papal de la torre de Jesús. Esta maniobra acústica buscaba forzar una foto de división y forzar una incómoda estampa ante el propio Sumo Pontífice. Afortunadamente, la rápida intervención de las fuerzas de seguridad impidió que el sectarismo ideológico empañara la imagen de la basílica ante los ojos de todo el planeta.
Resulta inadmisible que espacios que pertenecen al conjunto de la ciudadanía sean instrumentalizados como altavoces de una sola ideología. La decisión de expulsar de forma fulminante a los cantantes implicados fue una medida drástica, pero totalmente justificada. Ninguna autoridad puede permitir que un evento de esta magnitud sea saboteado de manera unilateral. El derecho a la libertad de expresión, tantas veces invocado de forma tramposa por la izquierda y el separatismo para amparar el desorden, no puede amparar la falta de respeto a los creyentes ni el boicot a las instituciones.
La contundencia de las fuerzas de seguridad, que revisaron con lupa las partituras y requisaron material ajeno al evento, evitó un escándalo mayúsculo. No obstante, las quejas posteriores de los colectivos afectados revelan un victimismo crónico muy preocupante. Aquellos que pretendían violar las normas de un acto religioso formal se rasgan ahora las vestiduras por haber sido desalojados hacia la calle Mallorca. Es la doble vara de medir a la que el nacionalismo nos tiene acostumbrados: exigir absoluta impunidad para sus desmanes mientras criminaliza la legítima defensa del orden público.
Este lamentable episodio retrata a una izquierda catalana y española que prefiere mirar hacia otro lado cuando el radicalismo asoma la cabeza. En lugar de condenar un intento de boicot al jefe de la Iglesia Católica, los portavoces gubernamentales han optado por un silencio cómplice o por tibias críticas a la actuación policial. Esta actitud sumisa ante las exigencias de sus socios de gobierno debilita la neutralidad del Estado. El Ejecutivo actual demuestra una alarmante incapacidad para defender el decoro institucional frente a las provocaciones de quienes buscan la fractura social.
La Sagrada Familia es un símbolo universal de belleza, fe y concordia que trasciende por completo las fronteras partidistas de la política local. Quienes intentaron utilizar la presencia de León XIV para arañar un puñado de titulares nacionalistas han vuelto a fracasar en su empeño. La firmeza exhibida por los responsables de seguridad ha sentado un precedente necesario contra la impunidad en los espacios públicos.
Cataluña necesita recuperar el sentido común, el respeto a la liturgia y la cordura frente a una minoría empeñada en empañar cualquier celebración con su monocultivo ideológico. Fue patético que el día después unos trescientos radicales cortaran las calles alrededor de la Sagrada Familia «para acabar el trabajo» y se pusieron a cantar Els Segadors ante la fachada del templo, con varios dirigentes de Junts, como el presidente Quim Torra, dando testimonio de que han perdido, definitivamente, los papeles.
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