Societat Civil Catalana ha reclamado al ex president de la Generalitat, Artur Mas; a la ex vicepresidenta, Joana Ortega; a la ex consellera d’Ensenyament, Irene Rigau; al ex conseller de la Presidència y ex portavoz del Govern, Francesc Homs; que, tal y como les exige el Tribunal de Cuentas, abonen una fianza de 5 millones de euros, que se utilizaron para celebrar la consulta del 9N.
La entidad, como parte denunciante de esta causa, no descarta estar presente en el momento de la comparecencia que se celebrará el día 25 de septiembre y donde, en teoría, se depositará la fianza reclamada.
Societat Civil Catalana asegura que ningún ciudadano está exento de cumplir la ley y los representantes políticos no sólo no son una excepción, sino que deben dar ejemplo. En este caso, ha dejado claro que «sería imperdonable que los dirigentes del anterior gobierno de la Generalitat se negaran a realizar lo que les reclama el Tribunal de Cuentas y que, en tal caso, la Justicia debería actuar con la máxima contundencia».
Además la asociación ha explicado que «está decisión del Tribunal de Cuentas no se encuentra en el marco de ninguna estrategia política, sino que únicamente es la consecuencia de haber utilizado el dinero de todos los contribuyentes para organizar una consulta ilegal. Es decir, lo único que debe importar es que Mas, Rigau, Ortega y Homs están acusados de haber actuado al margen de la ley y ahora lo tienen que asumir».
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