El Gobierno de España ha anunciado tras la celebración del Consejo de Ministros en el edificio de La Llotja de Mar, en Barcelona, dos medidas de profundo calado simbólico. Ha dado una de cal y una de arena.
Para contentar a los separatistas ha anunciado la anulación del juicio al presidente Lluís Companys, bajo cuyo mandato se asesinaron en Cataluña a centenares de personas por razones ideológicas y religiosas durante la Guerra Civil.
Companys fue fusilado en 1940 tras ser entregado por las autoridades nazis – estaba exiliado en Francia – al gobierno franquista, que le practicó un juicio sumarísimo.
Esta era una petición histórica de Esquerra Republicana, y Pedro Sánchez se la ha concedido en su búsqueda de apoyos para aprobar los presupuestos generales del Estado.
Para compensar, el Gobierno de España también ha aprobado dedicar el aeropuerto de El Prat a Josep Tarradellas. Por supuesto, la Generalitat ha protestado porque «no se ha consensuado» el nombre con el gobierno autonómico. O eso dicen.
Tarradellas es el presidente de la Generalitat más querido por los constitucionalistas catalanes, por su talante dialogante e integrador.
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