
Conozco a Manuel Marchena desde que, en 2006, cuando era un joven fiscal, ganó el Premio La Ley para artículos doctrinales con un trabajo sobre “Dimensión Jurídico Penal del Correo electrónico”. Yo formaba parte del jurado y, posteriormente, Marchena se incorporó al Consejo Editorial de La Ley.
Con tal motivo hemos compartido deliberaciones académicas y sobremesas post-decisión del premio que, anualmente, convoca la Editorial la Ley. La discreción del juez, su rigor jurídico y su bonhomía ha sido siempre proverbiales y, por ello, no me ha extrañado absolutamente nada su renuncia.
Toda esta renovación del Consejo General del Poder Judicial se ha envuelto en polémicas que, por no novedosas, no nos pueden dejar indiferentes. Siempre ha habido pactos políticos para renovarlo, porque el Consejo es un órgano político, de gobierno de los jueces, que está elegido del mismo modo que se eligen la mayor parte de órganos gobierno de la magistratura en prácticamente todos los estados democráticos. Siempre intervienen las cámaras y los gobiernos, ese no es el problema.
El problema está en que su intervención se realice dentro de lo que marcan la Constitución y las Leyes reguladoras, que son la del propio Consejo y la del Poder Judicial, ambas orgánicas, que imponen que la elección del Presidente del Consejo, que lo es también del Tribunal Supremo, se realice por parte de los propios vocales. Por lo que no es de recibo que se decida previamente a la elección del órgano quien sea la persona que lo va a presidir. Menos aún que los partidos dejen entrever que lo tienen todo controlado. Aquello de «la mujer del César»….
Por eso no me ha extrañado que Manuel Marchena renuncie.
Porque hay que salir de este embrollo por la puerta de delante.
necesita tu apoyo económico para defender la españolidad de Cataluña y la igualdad de todos los españoles ante la ley.




















