Reductio ad marxismum

Recuerdo que hace ya bastantes años, en una conferencia que impartía un historiador marxista, nos decía que toda la historia del antiguo Egipto estaba regida por la lucha de clases entre el pueblo, que pugnaba con la casta sacerdotal y la guerrera representadas por el faraón. Luego, en otra conferencia de otro historiador marxista, se decía que toda la Edad Media estaba marcada por una lucha del pueblo llano contra la nobleza y la Iglesia terrateniente representados por el rey.

Como historiador siempre he considerado que la historiografía debe de ser vista con una visión holística, que comprenda todos los elementos económicos, sociales, cronológicos, bélicos, etc… Pero limitar la interpretación de la historia a una visión circunscrita únicamente a la lucha de clases, supone una reducción (reductio) de todo lo acontecido en el pasado a una mera cuestión sociológica, cuando la visión debe de ser mucho más amplia. Evidentemente circunscribir la historia simplemente a la lucha de clases, supone una fácil y simplista premisa, porque se utilizan los mismos esquemas para analizar la sociedad del Egipto de los faraones, con los tiempos actuales.

Antes de la caída del muro de Berlín en 1989, el pensamiento marxista estaba muy extendido en ambientes intelectuales y universitarios, pero afortunadamente para la humanidad, el marxismo como ideología imperante, desde la democratización de los antiguos países comunistas, con la caída de sus regímenes dictatoriales tutelados por la Unión Soviética, el marxismo ha desaparecido como forma de pensamiento único. Sin embargo esta ideología caracterizada por la lucha de clases, en la que los proletarios guiados por una élite de intelectuales comunistas, pretendían derrocar al capital y a la burguesía para imponer la dictadura del proletariado, sigue vigente en el pensamiento de los modernos comunistas que están en la órbita de Unidas Podemos, Comunes, ERC, CUP, BNG y Bildu.

También recuerdo desde mi escaño una reciente intervención de la diputada de VOX al Congreso, Cristina Esteban, que presentó en el plenario una iniciativa legislativa, en la que se defendía una cosa tan sencilla como que el propietario de una vivienda pudiese acudir a las fuerzas de orden público para expulsar a los ocupas de su casa, como ocurre en mayor o menor medida en casi todos los países de nuestro entorno. Pues cuando acabó su intervención, pasaron por la tribuna de oradores del Congreso, los diputados de los partidos políticos mencionados anteriormente, todos ellos de la órbita social-comunista y nacionalista, que como se se tratase de una mantra preestablecido, todos ellos defendieron a unísono el fenómeno de la ocupación como un «bien social necesario», basándose en dos únicos aspectos fundamentales: el primero es que casi todos los pisos y casas ocupados pertenecen a bancos o a fondos buitres de inversión, y el segundo, que el resto de viviendas ocupadas son segundas residencias de millonarios, y por lo tanto por una cuestión de justicia social y de necesidad ocupacional, tenían que asumir esa situación de usurpación de sus casas.

Tengo que decir con rotundidad que a los diputados que dicen estas cosas se les tendría que caer la cara de vergüenza, porque todos ellos deben de tener amigos y conocidos a los que se les ha ocupado una vivienda. Me viene a la memoria el apreciado Joan Ferran, exdiputado del Parlament de Cataluña, que sufrió hasta tres veces la ocupación de la casa de su madre, y que él mismo ha reconocido que la legislación española en esta materia es muy garantista con los ocupas.

También recuerdo un reciente debate en el Congreso sobre el exorbitado precio de la factura de la electricidad en España. Nuevamente, los diputados de los partidos social-comunistas y los nacionalistas reducían la cuestión a culpar de esa subida a lo que ellos denominan el oligopolio -palabra que les encanta- de las empresas eléctricas, alegando que en el pasado ejercicio han ganado 6.000 millones de euros, ocultando que el Estado ha ganado con impuestos 9.000 millones de euros en el mismo ejercicio. Entonces una cuestión tan sencilla como que las compañías eléctricas y el Estado reduzcan su cuota de beneficio en la factura de la luz, para que sea más barata y el usuario pague menos, se limita a criminalizar a las compañías eléctricas como únicas culpables del precio de la luz.

Con estos dos ejemplos de los ocupas y del precio de la electricidad, se visualiza con claridad que el marxismo reduccionista, que lo limita todo al odio contra los ricos y las grandes empresas, está fuertemente enraizado en las mentes de los políticos de izquierdas, que en vez de abogar por una justa distribución de la riqueza, se limitan el designar a ciertas empresas y a ciertas personas como culpables de todo lo malo que ocurre en España.

Juan Carlos Segura Just. Diputado al Congreso GPVOX

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