Que bajen el telón, por favor

La política española parece un teatro en el que todas las instituciones participan en mayor o menor medida para enredar al espectador (ciudadano) en una ficción permanente.

Me van a permitir que me centre en la ficción lingüística y que discrepe de algunos dogmas muy asentados. Comencemos por una exposición de datos que, por proceder de fuentes oficiales, los vamos a dar por fiables.

En los distintos estatutos de CCAA con cooficialidad de lenguas se establece como propia la minoritaria de la Autonomía. Esa denominación hace referencia al idioma nacido y empleado históricamente en este espacio, pero su presencia en un texto que forma parte del bloque constitucional tiene la intención de elevarlo por encima del máximo estatus legal que puede tener reconocida una lengua: el de oficial. Ello lleva parejo la degradación de la otra lengua oficial –que es además la mayoritaria y común de todo el país– e induce a percibirla como impropia. En la CE figura como única lengua oficial en todo el territorio el castellano o español. En los estatutos de las demás CCAA no hay referencia lingüística alguna. Así, por comparación, nos encontramos que la lengua de la inmensa mayoría de los españoles no es propia de nadie.

Por Autonomías, vamos a hacer un repaso en porcentajes de ciudadanos que tienen el español, o la cooficial, como lengua materna. El porcentaje restante para cuadrar a 100 en cada caso, se reparte entre los que tienen las dos lenguas en casa, o los que tienen otras lenguas distintas, o combinaciones varias entre ellas.

En Cataluña, español: 52,7 %; catalán: 31,5 %.

En el Valle de Arán, español: 37,3 %; catalán: 14;6 %; aranés: 22,4 %

En la CAV, español: 73,9%; vascuence: 18,7 %

En Navarra, español: 84,58%; vascuence: 10,8 %

En Baleares, español: 62 %; catalán: 31 %

En Galicia, español: 23,93%; gallego, 49,56 %

En la Comunidad Valenciana, español: 60’5%; valenciano: 21,7 %

Nota: Cataluña es la Comunidad más transparente con los datos de población y usos lingüísticos; la menos, la CV. A pesar de que dispone del Portal Estadístico de la Generalidad Valenciana, éste no recoge datos sobre población hispanohablante y valenciano hablante. Las preguntas que se formula al mismo o a otros organismos semejantes siempre dan como respuesta otra cosa, como el porcentaje de personas que entienden y escriben valenciano, porcentajes de hablantes habituales de español o de valenciano en Valencia capital, etc.; a veces con valores discrepantes. Los resultados escogidos para la CV, que parece querer esconder su realidad lingüística, los he tomado del CIS de hace años. En la actualidad, este importante organismo también muestra poco interés en saber los porcentajes de los distintos grupos lingüísticos en España. Cuando se le pregunta por estos datos, ofrece otros, como uso de lenguas en comunidades bilingües o estado del español en el mundo.

A la vista está que el español es la lengua mayoritaria en todas las CCAA con cooficialidad lingüística (excepto en Galicia) y posee todas las características de lengua común o koiné de toda España. Así, resulta un absurdo que todas las administraciones intenten promocionar esas lenguas regionales al tiempo que se hacen esfuerzos denodados para acabar con el español como lengua franca. Podríamos considerarlo como una extravagancia, aparte de una locura, si no fuera porque detrás de las lenguas, hay hablantes a los que se les sustraen derechos fundamentales de forma permanente, amén de que se incumple, de rondón, la norma más importante de un país democrático: su Constitución. Una Constitución que fue muy generosa aceptando como cooficiales (en sus respectivos territorios) algunas lenguas muy minoritarias, porque la oficialidad de tantas lenguas es muy cara.

Conviene recordar que la enmienda (106) que presentó la Minoría Catalana para imponer el deber de conocimiento de las otras lenguas a todos los residentes en Comunidades Autónomas bilingües en el texto constitucional, fue amplísimamente rechazada por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso en sesión plenaria el 5 de julio de 1978. De manera, que el artículo 3 de la CE quedó como estaba: El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

Por si hay alguna duda, repasemos qué significa el término “oficial”. Lo dejó claro la sentencia del TC de 2010. Cuando hay cooficialidad lingüística en un mismo territorio, las administraciones no pueden dar preferencia a ninguna de ellas. Eso quiere decir que la cooficialidad obliga a las administraciones, no al ciudadano. En el caso de Cataluña, cuyo inconstitucional Estatuto de 2006 motivó la sentencia, especifica que todas ellas (administraciones) han de emplear igualmente tanto el castellano como el catalán.

El parlamento catalán aún no había elevado el aranés a lengua oficial en la totalidad de la Autonomía. Bajo mi punto de vista, fue una auténtica e irresponsable astracanada; sobre todo fue una puesta en escena para hacer ver que aquí las minorías tienen el máximo reconocimiento. Su probado desprecio a la oficialidad de la lengua mayoritaria invitaba a pensar que ese gesto era un brindis al sol que le iba a salir barato. Efectivamente, a excepción del Valle de Arán, donde ya era oficial, la ausencia del aranés es total en escuelas, cartelería, propaganda institucional, impresos de reclamaciones, etc.

O sea, a menos que se revoque esa oficialidad, toda la administración catalana tendría, por coherencia, que ser trilingüe; la escuela pública también. ¿Cómo se puede materializar eso? Con un modelo, como el vasco, de libertad de opción lingüística (aunque el nacionalismo vasco ya se ha encargado de convertirla en un fiasco tendente a vascuence, lengua única). O bien, con el de conjunción lingüística (STC de 1994 para Cataluña).

Según este último modelo, todo el alumnado tendría que recibir instrucción no en dos, sino en tres lenguas; una inútil y otra poco útil para el conjunto, y para moverse en un mundo globalizado. Como cada lengua es importante para sus hablantes, parecería razonable optar por el primero, el de la libertad de opción, que es el que defiende la Asociación por la Tolerancia, que garantiza los mismos derechos a todos los escolares sin limitar los de nadie. El alumno, de acuerdo con sus intereses del momento o del futuro, podría transitar de una línea a otra sin grandes dificultades porque la lengua no vehicular estaría siempre presente como asignatura. Todo serían ventajas. Una exposición detallada de lo que es mejor para el niño, bajo un punto de vista pedagógico –totalmente obviado en la legislación– será tema de otro artículo.

¿Qué tenemos? Pues ni uno ni otro modelo legal. Estamos aplicando una política anticonstitucional, ilegal y, a todas luces, disparatada.

Nuestra escuela pública es monolingüe en catalán, con algunas excepciones. Así, en el Valle de Arán, se impone el aranés en la preescolar a todo el alumnado, al tiempo que se introduce el catalán progresivamente para acabar en monolingüismo catalán como en el resto de Cataluña. Ahí, no reza la supuesta ley de compensación de favorecer la lengua débil excluyendo aquellas con las que comparte territorio.

En el conjunto de la autonomía catalana, algunos centros, incorporan asignaturas troncales en inglés de forma obligatoria. En unos pocos, se ofrece (no se obliga) una doble titulación: el de bachiller español –¡sin ninguna asignatura en esta lengua!– y el de francés (el bachibac), con un par de materias en francés. Otros pocos colegios subvencionados utilizan, en proporciones desiguales, ambas lenguas oficiales como vehiculares. Las excepciones de centros públicos con una asignatura en castellano o español las han conseguido padres valientes que, acogiéndose a derecho, solicitan esa enseñanza mínima en español (que afecta sólo al grupo clase del niño). Un derecho que han tenido que pelear dura y largamente en los tribunales. Pero esa osadía tiene un precio muy alto aquí: el inaceptable acoso ¡institucional! que sufren ellos mismos y sus hijos. Con el agravante de que el niño en cuestión sufre la estigmatización de ser anti catalán por parte de muchos de sus compañeros y de sus respectivos padres. A ese punto de aberración se ha llegado: percibir que una asignatura en castellano es una ofensa para el conjunto que pone en peligro la supervivencia del catalán. Ya se sabe, prácticas totalitarias de tipo mafioso que sirven de aviso a otros posibles navegantes.

Vamos, que parece que todos los españoles estemos en deuda permanente con los nacionalistas periféricos porque nuestras instituciones, para no intervenir con los instrumentos de los que dispone cualquier Estado de derecho y “molestarlos”, juegan a no enterarse de una realidad evidente: hay comunidades en las que no se puede estudiar en español ni siquiera parcialmente; o sea, en la práctica, a la lengua común se la ha despojado de su condición de oficial. No es un tema baladí, la lengua catalana es el único instrumento que ha encontrado el nacionalismo para diferenciar Cataluña del resto de España con el sueño puesto en una nación y un Estado propio, en el que las élites políticas y económicas pudieran seguir manteniendo sus privilegios a perpetuidad. Pero la labor de ingeniería social para desterrar la lengua mayoritaria requiere que se la odie, y que se imponga la minoritaria, haciéndola de paso antipática. Esto es un proceso costoso, interminable y, quizás, inútil porque el catalán (en el caso que nos ocupa) es la lengua del poder, pero el español es una lengua poderosa, ya que es la materna de 500 millones de habitantes, es oficial en 21 países y está de moda y en continua expansión, menos en España, obviamente.

¿Por qué hemos de cambiar –eso es lo que pretende el nacionalismo– los hispanohablantes nuestra lengua por otra de menor poder de comunicación?

¿Cómo que para integrarse en Cataluña hay que aprender catalán? Pues miren, no. Si hablamos la lengua común y mayoritaria, ya estamos integrados porque todos nos entendemos. Otra cosa es que tengamos la cortesía de aprenderla como gesto de amistad.

¿Cómo que el catalán es la lengua de cohesión? Pues miren, no. Como se utiliza como elemento fuertemente coercitivo, ha conseguido dividir a la sociedad catalana de forma casi irreconciliable.

¿En base a qué se reivindica la diversidad lingüística para territorios naturalmente monolingües, y en los bilingües se reivindica el monolingüismo de la lengua minoritaria? Ah, sí. Es que eso es lo progresista (siempre asociado a nuestra izquierda de salón, claro). O sea, el español es de derechas. Pues miren, no.

Con solo la asignatura de castellano o español como lengua extranjera en primaria y secundaria –en preescolar, ni eso–, se aprende al mismo nivel que en las CCAA en las que es única lengua vehicular. Pues miren, tampoco. Para llegar a esa conclusión, haría falta una prueba común para todo el alumnado de España. Sería un milagro poder seguir manteniendo esa falacia con datos objetivos. Recordemos que un niño puede expresarse con más o menos corrección en su lengua familiar siendo analfabeto, así es que ¡un poco de seriedad, por favor!

¿Qué es eso de que la normalización requiere una mayor presencia del catalán? ¿Más todavía? Quizás hay que eliminar el castellano incluso como lengua curricular y castigar a los niños que lo hablen en el patio. Pues en ello están.

Cómo que hay que mantener la exclusión del español hasta que se alcance la plena normalización del catalán. ¿Cuándo ocurrirá eso?, ¿cuándo haya 500 millones de hablantes en el mundo? Yo creía que se trataba de que los catalanohablantes pudieran usar su lengua en cualquier ámbito de Cataluña, y eso está sobradamente garantizado, ¿o no?

¿Qué es eso del derecho a vivir plenamente en catalán? ¿Quizás que todos los demás hablemos siempre en catalán? Pues miren, va a ser que no.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Porque en Cataluña no rige la Constitución; es un territorio de excepción democrática por obra y gracia del nacionalismo exacerbado, excluyente y altamente hispanófobo, y por la dejación de funciones de los distintos gobiernos habidos y demás instituciones del Estado –no escapa ni una, ni siquiera los tribunales de justicia que en algunas sentencias han sido ambiguos e incluso contradictorios– siempre mirando para otro lado, simulando que aquí no pasa nada anormal. Permitiendo que a la comunidad hispanohablante se nos haya despojado de nuestros derechos lingüísticos, han roto el principio de igualdad de derechos y obligaciones para todos que consagra nuestra Constitución. Se elaboró una ley electoral demasiado favorable a las minorías nacionalistas que les otorga un poder que no se corresponde con “un hombre, un voto”. Y cada partido mayoritario de turno, para gobernar, ha preferido siempre alcanzar apoyos parlamentarios pírricos con esas minorías desleales al Estado antes que llegar a acuerdos mínimos con otros partidos mayoritarios que sí son leales. En cada acuerdo, se les han cedido más competencias (incluso algunas reservadas constitucionalmente en exclusiva al gobierno central) que les han permitido de hecho casi crear un Estado paralelo.

Dentro de la política de desistimiento de los gobiernos centrales, en 2015, se produce un pequeño punto de inflexión cuando el Ministerio de Educación recurrió la exclusión del español del sistema educativo catalán ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con el objetivo de que todos los centros de Cataluña sostenidos con fondos públicos fijaran un porcentaje mínimo de español como lengua vehicular. El 16 de diciembre de 2020 se dictó sentencia. La Generalitat estaba obligada a adoptar medidas de manera efectiva e inmediata para que todos los alumnos de Cataluña recibiesen una enseñanza de un 25% mínimo en cada una de las lenguas oficiales. la Generalitat recurrió ante el Tribunal Supremo. En la espera, el gobierno de Sánchez podría haber pedido la ejecución de sntencia, pero no lo hizo, prefirió ser cómplice de sus socios golpistas. En noviembre de 2021, el TS hace pública la no admisión del recurso, lo que significa que la Sentencia de 2020 pasaba a ser firme. Habría aún que esperar a que el TS lo comunicara formalmente al TSJC, cosa que ocurrió el 25 de enero de 2022. La Generalidad disponía de dos meses para hacer efectiva la ejecución de la sentencia. Se agotó el plazo el 28 de marzo sin que hiciera nada, aparte de enfrentar públicamente la sentencia advirtiendo que no la cumpliría. Se presentaron denuncias a Fiscalía, por la abierta negativa del consejero de Educación a cumplirla, pero no fueron atendidas. En ese momento, el gobierno de España, obligado a cumplir y a hacer cumplir la Constitución, tendría que haber pedido la ejecución forzosa de la Sentencia. Tampoco lo hizo en esta ocasión y sentó definitivamente las bases para la impunidad.

Por suerte, también pueden solicitar la ejecución forzosa cualquier afectado o asociaciones legitimadas por el TSJC, como la AEB y Hablamos Español. El 30 de marzo de 2022, la AEB, en nombre de la plataforma Escuela de Todos y de más de 1.600 familias, pide la ejecución forzosa de la sentencia. El 4 de mayo de 2022, el TSJC dicta un auto en el que requiere personalmente al consejero de Educación para que dicte instrucciones a fin de dar cumplimiento a la sentencia antes del 31 de mayo. El 30, el gobierno de la Generalitat, en una burla sin parangón, publica un decreto ley que, según el TSJC, hace inaplicable la ejecución. 9 días más tarde el Parlamento de Cataluña aprueba, con el respaldo ominoso del PSC, una ley inconstitucional sobre el uso de las lenguas en su sistema educativo que excluye el castellano como lengua docente.

El 27 de julio se reúne la “mesa de diálogo” –en realidad de concesiones al separatismo– entre el gobierno de España y el de la Autonomía catalana y, fuera de donde corresponde: el Congreso de Diputados. Sánchez consuma su último asalto al Estado de derecho. En un acto de claudicación más, respalda esa ley (8/2022, de 9 de junio) de exclusión del español como lengua de docencia en las aulas catalanas.

El 28 de julio, el TSJC eleva al Tribunal Constitucional ambas normas. El PP junto a C’s por un lado, y Vox por otro, plantean también recursos de inconstitucionalidad de esas mismas normas.

Mientras, los alumnos de Cataluña siguen con sus derechos lingüísticos vulnerados, y yo me pregunto: ¿hasta cuándo, señor Sánchez, vamos a mantener la ficción de que en España se cumple la ley? ¿Hasta cuándo van a esperar las demás instituciones a decir ¡basta!? Que bajen el telón, por favor, esto no hay quien lo aguante.

Marita Rodríguez, Asociación por la Tolerancia

#YoVoy18SBCN #EspañolLenguaVehicular

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