Olot no puede sancionar a nadie por motivos lingüísticos. No tiene competencia para ello. Esas multas son nulas de pleno derecho y Convivencia Cívica pondrá sus servicios jurídicos a disposición de los afectados. Hay que defenderse: seguimos en España, no en Corea del Norte. https://t.co/ZBDrUtUKOC
— Ángel Escolano Rubio (@rubio_escolano) May 23, 2026
Ángel Escolano, presidente de Convivencia Cívica Catalana, ha anunciado una campaña en los tribunales contra el Ayuntamiento de Olot (Gerona). Este consistorio gobernado por el partido separatista Junts – el alcalde es Agustí Arbós – ha amenazado a una veintena de comercios locales con sancionarles por no rotular o atender en catalán.
Escolano ha recordado que los gobiernos locales no tienen competencia para ello y que por esta razón las multas serían nulas de pleno derecho. Además, ha puesto los servicios jurídicos de Convivencia Cívica Catalana a disposición de los afectados, dado que argumenta que «hay que defenderse: seguimos en España, no en Corea del Norte».
Esta asociación ha desplegado una intensa y rigurosa batalla jurídica para impugnar cada convocatoria pública discriminatoria. Su labor en los juzgados está demostrando que el activismo legal riguroso es la herramienta más eficaz para frenar los excesos de unos gobernantes que confunden las instituciones con sus propios comités de partido.
Gracias a estas acciones, los tribunales enmiendan de forma constante las normativas que pretenden vetar a profesionales perfectamente cualificados por el mero hecho de no acreditar un determinado nivel de catalán, generalmente muy exagerado para las exigencias reales del puesto de trabajo. Además, el sectarismo de la izquierda nacionalista y sus socios no solo afecta a los opositores, sino que estrangula directamente el tejido empresarial e industrial.
Convivencia Cívica Catalana ha denunciado con éxito numerosos pliegos de contratación pública que exigían requisitos lingüísticos totalmente desproporcionados a las empresas aspirantes. Estas cláusulas ideológicas actúan como una aduana invisible que expulsa del mercado catalán a compañías del resto de España y de la Unión Europea, perjudicando la competitividad y encareciendo los servicios que pagan los contribuyentes.
Los tribunales coinciden con los argumentos de la asociación al señalar que la administración no puede utilizar los contratos públicos para hacer ingeniería social ni para restringir la libre competencia de mercado. La pasividad del Gobierno central, a menudo cautivo de sus alianzas parlamentarias con el separatismo, deja desamparados a los ciudadanos catalanes que defienden el marco constitucional. En este vacío de liderazgo político, el trabajo de entidades como la que preside Escolano adquiere un valor democrático excepcional al sustituir la inacción del Estado por recursos judiciales efectivos.
La jurisprudencia acumulada en este tiempo confirma que Cataluña sigue siendo un espacio de derecho donde las leyes generales y la Constitución están por encima de las ocurrencias de los gobernantes de turno. La batalla por la convivencia y la libertad civil en Cataluña no se libra hoy en los despachos políticos, sino en la defensa diaria de la legalidad frente al acoso identitario.
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Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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