El trágico descarrilamiento de un tren de Rodalies en Gelida, con el saldo de un fallecido y una treintena de heridos, ha vuelto a situar el sistema ferroviario en el centro del debate político. Lejos de guardar un respetuoso silencio ante la desgracia, el líder de Junts, Carles Puigdemont, se ha apresurado a capitalizar el dolor de las víctimas. Para el prófugo de la justicia, este accidente no es una fatalidad técnica, sino un arma arrojadiza contra la gestión de Madrid.
Desde su retiro en el extranjero, Puigdemont afirma que el colapso ferroviario es la «nueva normalidad» de una Cataluña que camina hacia el bloqueo. Según su diagnóstico, el Estado español ha erosionado las vigas maestras del país mediante una desinversión que califica de premeditada. Con un tono alarmista, el expresidente vincula la seguridad ferroviaria con el resto de sus agravios habituales, desde la vivienda hasta la sanidad.
El relato del separatismo intenta presentar el mal funcionamiento de los trenes como el síntoma de una enfermedad estructural. Puigdemont aprovecha el siniestro para dibujar un escenario apocalíptico donde el «ascensor social» está averiado y la movilidad es impracticable. Es la estrategia de siempre: utilizar cualquier deficiencia en los servicios públicos para alimentar la hoguera de la desconexión con el resto de España.
La retórica del «infierno diario» sirve para ocultar las propias responsabilidades de la Generalidad en el mantenimiento de las competencias que ya ostenta y que su partido ha ejercido durante años. Mientras se culpa al Estado de una «sangría económica constante», la burocracia autonómica sigue asfixiando a las empresas catalanas. Es mucho más sencillo señalar a Renfe que explicar por qué Cataluña lidera la presión fiscal sin que ello se traduzca siempre en mejores servicios.
El separatismo ignora deliberadamente que la seguridad ferroviaria es una materia compleja que requiere cooperación, no confrontación partidista. Utilizar un fallecido para exigir un traspaso íntegro es una muestra de la bajeza moral a la que ha llegado el debate político en Cataluña. Para Puigdemont, poco importa el origen técnico del descarrilamiento si este sirve para dar aire a su narrativa de victimismo crónico.
Los gobiernos de distinto color político en Madrid han cometido errores en la gestión de infraestructuras, pero presentarlo como un plan orquestado es faltar a la verdad. La red de Rodalies sufre una presión de uso inmensa y requiere inversiones que el Ejecutivo actual asegura estar ejecutando. Sin embargo, para el bloque rupturista, cualquier dato que no encaje en su discurso de «abandono» es sistemáticamente ignorado o manipulado.
La izquierda española, atrapada en sus pactos de investidura, asiste con impotencia a cómo sus socios catalanes les culpan de negligencia criminal. El PSOE se encuentra en la incómoda posición de defender una gestión ferroviaria que Junts y ERC utilizan como moneda de cambio política. Este juego de reproches cruzados solo genera desconfianza en un usuario que lo único que pide es llegar sano y salvo a su destino.
La alternativa que propone Puigdemont es, como siempre, el aislamiento y la ruptura total con el sistema español. Promete que la gestión exclusiva de la Generalidad convertiría las vías en un paraíso de puntualidad y seguridad, ignorando los fracasos de gestión en otras áreas bajo mando autonómico. Es una promesa vacía basada en la premisa falsa de que la independencia soluciona los problemas técnicos de ingeniería.
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