Ha pasado ya algún tiempo desde que viviéramos uno de los peores momentos de la historia reciente de nuestro país. Lo sucedido en los meses previos al otoño de 2017 culminó con el mayor acto de ilegalidad, división y enfrentamiento vivido en Cataluña en las últimas décadas promovido por una parte de la propia Administración pública, el Govern de la Generalitat.
Desde esa institución, aprovechándose tanto de los recursos públicos a su alcance como de un ordenamiento jurídico que precisamente está inspirado en la confianza y la lealtad institucional, se apuntó de manera directa a nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho tirando adelante en el Parlament la convocatoria de un referéndum ilegal sobre la independencia de Cataluña.
Solo un día después, el Tribunal Constitucional lo suspendió cautelarmente. Actuó también la Fiscalía General del Estado, así como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Pero los líderes independentistas, en su huida hacia adelante, haciendo caso omiso al ordenamiento jurídico que durante décadas les ha permitido gobernar, persistieron en su intento de celebrar un acto que incumplía no sólo los principios más básicos de neutralidad o imparcialidad, sino que carecían de competencia para celebrar una consulta de consecuencias tan transcendentales que afectaría su simple realización, por tanto, al conjunto de todo el país.
Ante aquella situación de extrema gravedad y ante la crispación social y la tristeza y desasosiego vivido por una gran parte de la sociedad catalana y el resto de españoles, el 3 de octubre, SM el Rey Felipe VI, se dirigió a todos los españoles pronunciando un discurso reconociendo la gravedad del momento y condenando la deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado.
En Cataluña sí tenemos Rey, del mismo modo que en el resto de España. Y es, además, garante de nuestro Estado de Derecho, de nuestra democracia y del cumplimiento de nuestra Constitución, pues como dijo en su discurso, vivimos en un estado democrático en el que cualquier persona puede defender sus ideas con respeto a la ley. Porque sin ese respeto no hay convivencia democrática posible en paz y libertad, ni en Cataluña, ni en el resto de España.
Manu Reyes es presidente del PP de la provincia de Barcelona
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