Más de 350 personas, entre las que se encuentran ciudadanos españoles de todos los ámbitos profesionales y sociales que integran la sociedad civil, han suscrito un documento en favor de la concordia y el respeto constitucional entre todos los poderes públicos y partidos políticos.
El documento que no va contra nadie, y cuyo respaldo tiene un carácter transversal, aboga por la tolerancia y colaboración de todas las instituciones contempladas en la Constitución, cuyos principios y valores ha hecho posible que los españoles hayamos vivido el periodo la libertad, de paz y progreso más amplio de nuestra historia.
Este manifiesto, dirigido asimismo a la sociedad española, lo han respaldado con sus firmas un amplio número de catedráticos y profesores de Universidad, empresarios, diplomáticos, periodistas, escritores, y representantes de la cultura, así como personas que han tenido altas responsabilidades políticas tales como ministros, secretarios de Estado, senadores y diputados de todas las ideologías políticas. Los firmantes de esta declaración tienen el firme compromiso de seguir fomentando la tolerancia y la conciliación entre todos los ciudadanos españoles, ya que son la viga maestra sobre la que se sostienen el progreso y la democracia que definen a las sociedades avanzadas.
El documento, firmado por más de 50 catedráticos de universidad, una treintena de embajadores, así como de empresarios, de periodistas, representantes de la cultura y más de un centenar de antiguos dirigentes y responsables políticos, ha sido impulsado por Jaime Rodríguez Arana, Fernando Sanz Alonso, Javier Rupérez Rubio, José María Martínez ValPeñalosa, Pedro Bofill, Juan Van-Halen, Teresa Freixes Sanjuan, Jordi Casas Bedós, Alejandro Cercas, Elena Faba, Rafael Martínez-Campillo García, José Antonio de Yturriaga y Eugenio Nasarre.
Manifiesto: «Por la concordia y el respeto constitucional»
Los firmantes, integrantes de todos los ámbitos de la sociedad civil, entre los que se encuentran ex diputados y ex senadores pertenecientes a diversas formaciones políticas, que han desarrollado su actividad parlamentaria en diferentes legislaturas desde 1977, empresarios, catedráticos, diplomáticos,… preocupados por las dificultades de las relaciones políticas e institucionales por las que atraviesa España, en un momento de extrema gravedad para los ciudadanos, debido a la pandemia que amenaza la salud y a los negativos efectos que la misma tiene sobre el futuro del bienestar alcanzado por los españoles, hacemos un llamamiento a los poderes públicos para restablecer la concordia democrática en torno a los principios proclamados en la Constitución y en el ordenamiento jurídico vigente.
Por ello,
– Apremiamos a los responsables políticos a restituir la colaboración leal entre los poderes públicos y a recuperar el respeto debido legalmente entre las instituciones que conforman la estructura de nuestro sistema democrático, factores que han sido esenciales para la convivencia durante las últimas décadas.
– Apelamos al Gobierno de España para que ponga fin a sus discrepancias internas y evite las divergencias expresadas en declaraciones públicas, en especial las realizadas por algunos de sus miembros contra la Jefatura del Estado, ya que esas manifestaciones vulneran gravemente la voluntad del pueblo español que aprobó la Constitución, en la que se establece la Monarquía Parlamentaria como forma política del Estado español.
– Exhortamos a todos los poderes públicos, en particular al Gobierno de España, para que respeten al Rey como símbolo de la unidad y permanencia del Estado, cuyas funciones constitucionales deben ser facilitadas. Excluirlo de actos institucionales en los que su participación ha sido una constante en los años anteriores, es una forma de proceder que
va contra los propios actos del Gobierno.
– Reclamamos a todas las instituciones el máximo respeto a los principios del estado social y democrático de derecho, en especial al principio de legalidad y exigimos su estricta sujeción a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, tal como establece su artículo 9.1.
– Instamos al Gobierno de España a que actúe de manera firme y terminante contra los comportamientos que desde determinadas instituciones autonómicas siguen intentando desestabilizar la democracia y, con ello, erosionando el sistema autonómico y la unidad de la Nación española, así como los principios de autonomía, integración y solidaridad
establecidos en el artículo 2 de la Constitución.
– Requerimos a los poderes públicos la defensa de los valores superiores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político en todos los territorios que integran la Nación, para acabar con la limitación y restricción injustificada de los derechos fundamentales y las libertades públicas proclamados en la sección primera, del capítulo segundo, del
título primero de la Constitución.
– Exigimos de todos los poderes del Estado un urgente y firme compromiso para coordinar las administraciones y sus recursos, particularmente los sanitarios, de manera que les permita velar eficazmente por la salud de todos los ciudadanos y detener la expansión de la pandemia y de sus secuelas socio económicas. Igualmente pedimos a los partidos políticos que centren sus esfuerzos en alcanzar los acuerdos necesarios para atender a los españoles, dejando a un lado sus intereses políticos y electorales.
– Urgimos de los poderes del Estado que todas sus actuaciones y decisiones sean acordes con la Constitución, poniendo fin a su utilización espuria para lograr fines distintos de los que exige la democracia.
– Instamos a todos los partidos políticos, en especial a sus dirigentes, a que recuperen urgentemente la sensatez y el espíritu de mutuo respeto y concordia que le son exigibles, poniendo fin a estériles actitudes e iniciativas que dividen y enfrentan de forma preocupante a los ciudadanos. En este sentido, recordamos que las formaciones partidarias
son cauce de participación y expresión del valor superior del pluralismo político, no instituciones para la agitación y la crispación social.
Por último, tras reiterar nuestra más profunda preocupación por la actual situación de España, queremos mostrar nuestro decidido apoyo a S. M. El Rey como símbolo de la unidad y permanencia del Estado democrático, al igual que a todas las instituciones contempladas en la Constitución, en cuyos principios y valores se han fraguado la libertad, la paz y el progreso que hemos disfrutado los españoles durante estas últimas décadas, tras la aprobación de nuestra norma fundamental.
Octubre 2020
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