Un presidente de un gobierno democrático no puede dedicarse a animar a los que practican algaradas a que “presionen” al Ejecutivo que dirige, y es justo lo que ha hecho Quim Torra, incitando a los autodenominados CDR a que sigan cortando carreteras, ocupando edificios públicos y obstaculizando la vida económica de todos los catalanes.
Quim Torra comenzó su presidencia con el estigma de unos artículos y unos mensajes en twitter que, siendo generosos, solo rozaban el supremacismo. Y desde que inició su mandato no ha atemperado su discurso, sino que lo ha ido radicalizando, colaborando en el relato que los autodenominados CDR, grupos que se dedican a la agitación callejera, representan el “auténtico espíritu” de la “voluntad” del “pueblo catalán”.
Poco le importa a Torra que para millones de catalanes los CDR son, simplemente, unos agitadores que dificultan la buena marcha de nuestra sociedad y que acosan a aquellos ciudadanos que no son secesionistas. Y ha llevado esta complicidad a darles apoyo público en diversos actos institucionales.
Los millones de catalanes no secesionistas no han de aguantar más desplantes y humillaciones. Societat Civil Catalana, una entidad transversal del constitucionalismo catalán, ha pedido la dimisión de Torra. Y es la decisión más sensata que el presidente de la Generalitat podría tomar en estos momentos.

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