Pie en pared

De un tiempo a esta parte, se viene produciendo un constante goteo de sentencias en los tribunales de justicia del País Vasco anulando la obligatoriedad del requisito del euskera para el acceso a la función pública, a la contratación con las distintas administraciones vascas, o al uso obligatorio del mismo.

Así, se han tumbado diversos procesos en la academia de la Ertzainza, en el Ayuntamiento de Irún, en el de Llodio, en la Diputación de Guipúzcoa, en la selección de policía municipal de San Sebastián, o en el ayuntamiento de Orkoien en  Navarra, por poner algunos ejemplos y además, se anuló en julio de 2023 la ley autonómica vasca que obligaba al uso preferente del euskera en los municipios.

Y es que por lógica, el derecho de un ciudadano a ser atendido en el idioma de su elección en las administraciones públicas en comunidades con lenguas cooficiales, no implica que todos los trabajadores públicos deban acreditar su conocimiento, ni que pueda ser un requisito la obligatoriedad de un nivel determinado de dicho idioma para acceder a la función pública ni para contratar con la misma.

Claro que nacionalismo y lógica no van de la mano. Lo habitual es que se haya llegado a niveles insostenibles de arbitrariedad en la batalla idiomática por parte del separatismo. Los casos de acoso a comercios que usan el español o a las familias que exigen que se garantice su derecho al uso vehicular del español en las aulas son incontables, pero no son el objeto de este artículo.

Yo me voy a centrar en lo que considero una batalla imprescindible y que llevo reclamando desde hace mucho tiempo a aquellos partidos que defienden la Constitución y el Estado de Derecho: allí donde tengan grupo municipal, en diputación o parlamento, y tengan recursos asociados a ellos, deben acudir a los tribunales de justicia a recurrir todas y cada una de las imposiciones monolingües en sus comunidades. Déjense de mociones que no tienen ninguna validez jurídica ni fuerza de cumplimiento en sus respectivas instituciones. Si quieren hacerlas para lucimiento discursivo o retrato de los rivales, muy bien. Pero el único camino que garantiza que no se vulneren los derechos de nadie es ir al juzgado a exigir la no discriminación en función del idioma.

Por supuesto que es difícil. Y lento. Y caro. Y conlleva consecuencias. El Colegio de la Abogacía de Guipúzcoa ha denunciado esta semana la campaña de acoso en redes sociales que le han montado al letrado que recurrió el requisito del B2 para acceder a dos plazas de policía local en San Sebastián. Recurso que fue estimado en su integridad en los tribunales, como tantos otros, y que le ha valido a este abogado las habituales acusaciones de euskarófobo y retahíla habitual de insultos, aparte de pedir listas de enemigos del euskera, etc, etc. Lo habitual en Cataluña, por otra parte.

No, no sale gratis defender la democracia. Pero es un deber ineludible de todos los concejales y diputados que prometieron cumplir y hacer cumplir la Constitución y servir conforme al resto del ordenamiento jurídico. Así que háganme caso. Acudir al Contencioso Administrativo, a Fiscalía o a la Junta Electoral no es tan vistoso como una buena intervención en el debate de una moción en el pleno. Pero es infinitamente más eficaz si lo que quieren es defender a los ciudadanos. Se lo garantizo por experiencia propia.

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