Se reconocen cansados. Pero tienen muy claro que no desfallecerán hasta lograr la aplicación de la sentencia que obliga a que el 25% de clases sean impartidas en castellano en Cataluña.
Las entidades que han luchado por el fin de la inmersión lingüística ofrecieron este pasado miércoles una rueda de prensa donde dejaron claro que «lo vamos a conseguir». Para ello, entre otras medidas han pedido una multa de 1.500 euros diarios al consejero catalán mientras no conste que haya cumplido con la sentencia del TSJC, una fórmula, la de la sanción, que se demostró especialmente eficaz cuando, por ejemplo, la Justicia ordenó la disolución de la ‘junta electoral’ que se creó para tutelar el referéndum ilegal de 2017.
«Entendemos que el tribunal, dada la manifiesta voluntad incumplidora de la Generalitat, puede considerar que se están incurriendo en responsabilidades penales«, apuntó José Domingo, de Impulso Ciudadano, integrada en Escuela de Todos.
Las entidades lamentaban precisamente la inhibición del Gobierno ante lo que siguen denunciando que no es una cuestión interpretable políticamente, sino algo que afecta a derechos fundamentales.
La pelota, en buena forma, está ahora en el tejado del TSJC, a quien las asociaciones piden celeridad. «Junio y julio son meses decisivos para la confección de los programas escolares«, advertía Losada, temerosa de que la aplicación del 25% no llegue a tiempo para el próximo curso.
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