Comentario editorial de elCatalán.es
Cuando Elsa Artadi confirmó lo que minutos antes había anunciado el líder del PSC, Miquel Iceta, que el Estado estaba estudiando la figura de un observador neutral en la mesa de negociaciones entre el Govern y el Gobierno central, algo se rompió en el horizonte del constitucionalismo catalán.
Sería un grave error, si es que esta propuesta al final se lleva a cabo, aunque la confirmación de Moncloa que esto puede ocurrir no invita al optimismo. Sería un error porque sería reconocer que hay «un conflicto» que necesita una «mediación neutral», cuando lo que ha pasado en Cataluña es que los partidos secesionistas han intentado destruir el orden constitucional de un gran país democrático, España.
Si al final el Gobierno de España cede en este punto, y no recula, la humillación para todos los españoles sería inmensa, sobre todo para el constitucionalismo catalán, que sufre el acoso a diario de los partidos secesionistas y de sus bandas de la porra que vandalizan las sedes de los partidos de la oposición, organizan escraches a líderes constitucionalistas y acosan a las entidades que dicen ‘no’ al nacionalismo.
Por intentar aprobar los Presupuestos Generales del Estado no se puede caer en la tentación de dar la razón a los secesionistas en el mantra de ‘la falta de calidad democrática del Gobierno español’.
Aceptar un «mediador», sea «nacional» o «internacional» significaría eso: como el Gobierno (todavía autonómico, les guste o no a los separatistas) no se «fía» de la «calidad democrática» del «opresor» Gobierno de España, se busca un «mediador neutral».
Además, sería poner al mismo nivel a un gobierno regional, el catalán, con el que emana de la soberanía del pueblo español, el escogido por el Congreso de los Diputados. Sería una estampa digna de una negociación para descolonizar un territorio. Y no es el caso. Cataluña forma parte de la soberanía nacional española, y goza del mismo régimen de libertades que existe en el resto del territorio nacional.
Basta de componendas. En un extremo de la mesa tendríamos a unos golpistas que están en una sublevación constitucional continúa (ERC y PDeCAT) y en la otra un gobierno que emana de la soberanía nacional española. Lo que urge es que la Generalitat acate de una vez todas las leyes democráticas españolas y cese en dividir a los catalanes y en denigrar a los catalanes no nacionalistas. Y que acepte las consecuencias de su intento de subvertir la legalidad democrática española el 1-O y el 27-O de 2017.
La idea del «mediador» es una mala broma que deseamos, por el bien de España y del propio PSOE, que quede en una mera ocurrencia, en un globo sonda que no pase a mayores. Sería lo mejor para el país, para Pedro Sánchez y para el futuro político del partido que lidera.
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