La decisión de Pedro Sánchez de permitir la suspensión de la etapa final de la Vuelta a España en Madrid ha supuesto un duro golpe para la imagen internacional del país. Lo que debía ser una jornada de orgullo deportivo se convirtió en un espectáculo vergonzoso, marcado por la presión de grupos antisistema que instrumentalizaron la causa palestina para imponer su agenda ideológica.
Lejos de defender el deporte y la reputación de España, el Gobierno optó por promover la acción de los radicales, enviando un mensaje de descontrol al resto del mundo. Las imágenes de la etapa cancelada han dado la vuelta al planeta, dejando a España como un país incapaz de garantizar la seguridad y el normal desarrollo de uno de sus eventos más prestigiosos.
El daño reputacional es evidente: patrocinadores internacionales, organizadores deportivos y medios extranjeros ya han expresado su preocupación por la falta de fiabilidad y firmeza de las instituciones españolas. El deporte español, tradicionalmente símbolo de unidad y excelencia, queda ahora manchado por decisiones políticas que anteponen el cálculo electoral al interés general.
Esta acción forma parte de una estrategia de Pedro Sánchez para distraer la atención de los escándalos de presunta corrupción que rodean a su gobierno, a su partido y a su propio entorno familiar. La tormenta judicial que amenaza con salpicar directamente a La Moncloa ha llevado al presidente a buscar cortinas de humo a cualquier precio.
Sánchez ha optado por radicalizar el discurso y coquetear con movimientos antisistema, con tal de mantener movilizada a su base electoral y desviar el foco de los casos que salpican al PSOE. En lugar de afrontar las acusaciones con transparencia y responsabilidad, el presidente apuesta por el ruido, la polarización y el espectáculo, aunque ello implique dañar el prestigio del país.
Esta actitud irresponsable envía una señal peligrosa: que en España basta con ejercer presión callejera y envolverse en causas ideológicas para que el Gobierno deje hacer. Ese precedente erosiona la confianza en las instituciones y anima a colectivos violentos a imponer su voluntad por la fuerza, debilitando aún más el tejido democrático.
La suspensión de la Vuelta no solo supone una derrota deportiva y logística, sino también un aviso de hasta dónde está dispuesto a llegar Sánchez con tal de salvar su carrera política. Cada concesión a los extremistas mina la credibilidad de España ante el mundo y la aleja de los valores de estabilidad, seguridad y respeto que exigen los grandes eventos internacionales.
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