Pedro Sánchez ha de dimitir

La política española atraviesa uno de los capítulos más oscuros de su historia reciente con los múltiples escándalos de corrupción que rodean al entorno más cercano de Pedro Sánchez. Lo que en un principio eran rumores y acusaciones aisladas se ha convertido en un terremoto judicial que ya ha llevado a su mujer, Begoña Gómez, y a su propio hermano, David Sánchez, a ser convocados para sentarse en el banquillo. Una situación insostenible para cualquier dirigente democrático que pretendiera dar ejemplo de transparencia y ética pública.

Lo más grave de este entramado no es solo la magnitud de los hechos investigados, sino la cercanía directa con el presidente del Gobierno. La figura de Sánchez aparece manchada por el comportamiento de sus familiares más próximos, lo que erosiona por completo su credibilidad y deja en entredicho sus constantes apelaciones a la regeneración política. El discurso de la ejemplaridad choca frontalmente con una realidad que le salpica de lleno.

El caso de Begoña Gómez resulta especialmente sensible. Sus presuntos vínculos con contratos, negocios y tratos de favor mientras su marido ocupaba el poder han puesto en evidencia un posible conflicto de intereses que debería haber sido atajado desde el primer momento. El silencio del presidente y la tibieza de su entorno político solo han alimentado la sospecha de que en Moncloa se intentó mirar hacia otro lado mientras se beneficiaba el círculo familiar.

Por su parte, el hermano de Sánchez, David, enfrenta también causas judiciales que cuestionan la limpieza en la gestión de fondos públicos y actividades económicas bajo la sombra de su apellido. Si algo muestra esta situación es que el poder acumulado durante años ha servido de paraguas protector para conductas que, sin esa cobertura, habrían sido señaladas con mucha más rapidez. La justicia ha terminado por actuar, aunque tarde, y ya no hay vuelta atrás.

La situación se complica aún más con la implicación de instituciones que deberían garantizar imparcialidad. El fiscal general del Estado, que también será juzgado, ha quedado también salpicado por este clima de sospecha. La ciudadanía percibe que el Ministerio Fiscal ha sido utilizado más como escudo que como garante de la legalidad, un error que puede tener consecuencias devastadoras para la confianza en la justicia.

A ello se suma el caso de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, hoy en prisión, que representa el colapso moral de una formación que durante años presumió de ser la voz progresista y regeneradora frente a los excesos de otros partidos. Ver a uno de sus dirigentes más relevantes tras las rejas no solo es un golpe político, sino también un retrato fiel de cómo se ha degradado el ejercicio del poder dentro del socialismo español.

Pedro Sánchez ha tratado de blindarse apelando al victimismo y señalando conspiraciones externas, pero el tiempo ha terminado por demostrar que los problemas están en su propia casa. Ni las campañas de comunicación ni los discursos triunfalistas pueden tapar los hechos judiciales, que avanzan con la contundencia que aportan pruebas y testimonios. La sensación de impunidad se ha roto, aunque a un coste altísimo para la imagen del país.

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