La catedrática de Derecho Constitucional Teresa Freixes publicaba este fin de semana un artículo en elCatalán.es en el que aseguraba que “Cuando se empieza por confrontar democracia con ley y justificar la desobediencia a los jueces en ámbitos determinados, el polvorín puede extenderse en un plis plas”.
Y ponía como ejemplo a los taxistas “que no acatan la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Antes se justificaba, por parte de una alta autoridad, nada menos que la alcaldesa de Barcelona, desobedecer las leyes que ella no considerase justas”.
También recordaba como “la Generalitat y el secesionismo justifican la desobediencia al Tribunal Constitucional y critican la ‘judicialización de la política’ como si no existiera la división de poderes”.
“La ley, los jueces, no tienen valor en esta sociedad que algunos están creando y que se abre paso más rápido incluso de lo que muchos pensaron”.
Y concluía afirmando que “el caos nos va a envolver porque se han perdido los valores. No hay democracia sin ley ni ley sin democracia. Y sin respeto a las resoluciones judiciales estamos en el far west”.
Esa es la clave: si las autoridades no respetan las leyes democráticas de las que nos hemos dotado se puede extender la deslegitimación de nuestro ordenamiento jurídico. Si la Generalitat o la alcaldesa de Barcelona defienden este tipo de actitudes, cualquier colectivo puede considerar que ellos también “tienen derecho”
Y, como sabiamente augura Teresa Freixes, este camino solo tiene un fin: la ley de la jungla. O la del salvaje oeste.
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