Convivencia Cívica Catalana (CCC) celebra que una sentencia judicial haya anulado la sanción lingüística impuesta a una cafetería de Sitges a raíz de una denuncia por “no atender en catalán”. La resolución constata que una denuncia genérica no es base suficiente para incoar con garantías un expediente sancionador por motivos lingüísticos. Esta entidad colabora con otras que luchan por la libertad de elección de lengua y el respeto al español, como Hablamos Español.
Para CCC, el fallo «refuerza la libertad lingüística en las relaciones privadas entre profesionales y clientes y consolida la seguridad jurídica de los comercios» frente a campañas tramitadas mediante formularios estandarizados. «Consideramos, además, que se trata de un primer paso para poner fin al sistema de delaciones lingüísticas promovido por la Administración autonómica, que anima a los ciudadanos a denunciar a sus vecinos por usar el castellano en sus negocios bajo la falacia de que debe emplearse “al menos el catalán”.
En palabras del presidente de Convivencia Cívica, Ángel Escolano, “pretender imponer el uso de una de las dos lenguas oficiales a los ciudadanos en el ámbito empresarial y comercial constituye una invasión intolerable de su libertad y es incompatible con los derechos fundamentales. La lengua que una persona elige para trabajar y relacionarse en su propio negocio forma parte de su vida privada, como lo son la religión o la orientación sexual: una expresión del libre desarrollo de su personalidad en la que ningún poder público que aspire a ser democrático tiene derecho a inmiscuirse. Ninguna administración puede obligar a utilizar una lengua oficial sobre otra en el comercio; sostener lo contrario —y establecer un sistema de delación como existe hoy en Cataluña para perseguir a quien usa el castellano— es propio de regímenes totalitarios”.
Libertad para usar el castellano en el propio comercio
CCC recuerda que, en una sociedad libre y bilingüe, la lengua de atención en el ámbito privado —incluida la relación entre comerciante y cliente— forma parte de la esfera de libertad del ciudadano. Ninguna administración puede imponer una preferencia por una de las lenguas oficiales en las relaciones privadas; su función debe limitarse a garantizar el conocimiento de ambas, nunca a sancionar su uso legítimo.
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