Vivo en una zona tranquila y residencial. Una ciudad que suma en esa “Gran Barcelona” que incorpora, además de la población de la capital barcelonesa, la de numerosas localidades que la rodean y forman su área metropolitana.
El día a día en mi municipio es el propio de una ciudad cuyo vínculo con la capital catalana es mayúsculo. Para la mayoría de sus habitantes las relaciones profesionales, laborales, comerciales o académicas son absolutas, por lo que uno realmente se siente parte de Barcelona sin tener su residencia propiamente en ella, aunque en mi caso es más que justificado al haber nacido allí.
Por eso, lo que pasa en Barcelona es tan relevante y próximo como lo que acontece en el municipio en el que estamos empadronados. Lo que pasa allí nos importa, sabiendo que es el lugar en el que se toman las decisiones relevantes y marcan el camino. De algún modo, estamos enganchados a la urbe que ejerce de locomotora y queremos que la gestión de la misma esté ordenada y sea un ejemplo positivo de lo que deseamos para lo nuestro.
El gobierno municipal capitalino debe dignificar y señalar la pauta a seguir, marcando un estilo serio y coherente que sirva de patrón para los gobiernos locales próximos. Por esa razón, nos avergüenza que la capital de nuestra provincia y comunidad esté en manos del patetismo retrógrado del comunismo de Colau y sus muletas. En este sentido, apoyaré mi escrito en una circunstancia problemática que viví hace unos días al pasear por mi barrio y que también tiene reflejo, magnificado y exponencial, en el día a día de la segunda gran capital española. Se trata, como veremos, de un problema extensivo a toda España, pero la Barcelona de Colau se lleva la palma.
Como decía, al pasar por una casa cercana a mi domicilio, que sabemos todos en el vecindario que lleva ocupada desde hace más de un año, pude escuchar, de soslayo, al okupa que conversaba con una visita. Le decía, con toda su chulería vehemente, que estaba pendiente del cierre de una negociación con el propietario de la casa para que se fuese de la vivienda, alardeando de una cifra como indemnización que me sorprendió por su cuantía. Reconozco que mi escucha furtiva no dióo para más detalle.
Este asunto es un problema social de primera magnitud, que afecta a todos los propietarios y ahorradores que se creían protegidos por el Sistema y la Administración, al amparo del derecho a la propiedad privada. Situación que, especialmente en la capital barcelonesa, ha desprotegido a los titulares de una propiedad para otorgar los privilegios, beneficios y derechos a los delincuentes asaltadores de una propiedad que no es suya. Algo que, como problema mayúsculo que es, requiere de soluciones contundentes y ágiles.
Los okupas deberían salir, o ser expulsados de la vivienda asaltada, de forma inmediata, sin compensaciones de ningún tipo y evitando que esta afrenta suponga un lucro para el que delinque. Debe articularse un sistema que evite, sin titubeos, que este abuso se convierta en un negocio rentable para el que se salta las normas de convivencia y civismo. Estaríamos, tal y como sucede en otros temas, ante un efecto llamada y contagio altamente preocupante.
Pensar en que hay que negociar económicamente para sacar de tu casa a unos okupas es denigrante y ridículo. La disponibilidad de viviendas sociales es un tema que debe quedar en manos de los responsables públicos, sin que sean las familias ahorradoras y los propietarios legítimos los que tengan que asumir un agravio como es la ocupación. Un problema que, no nos olvidemos, es consecuencia de la inacción por parte de los políticos que deberían ser solucionadores y no, tal y como muchas veces aparenta, incitadores del problema.
Tampoco tiene sentido el paripé de la última propuesta, aparente y publicitaria, que se ha sacado Sánchez de la chistera con el stock de viviendas de la Sareb. Unos activos inmobiliarios que se catalogaron como “tóxicos” al ser invendibles por no tener el mínimo atractivo. Se trata, como todos sabemos, de una medida electoralista para ganar votos de los españoles con limitada visión retrospectiva y valorativa de la ruina a la que nos ha llevado la coalición gobernante. Un ruido favorable que, además, mitiga el efecto social que ha supuesto la liberación masiva de violadores por el desastre del «Sólo Sí es Sí».
Barcelona, nuestra gran y querida ciudad, hoy en manos de la activista de extrema izquierda Colau, debe cambiar de rumbo y plantear soluciones creíbles que minimicen los daños infringidos a las familias afectadas por la ocupación. Necesitamos contundencia y solvencia en las medidas antiocupación y, para ello, debemos confiar en los que intuimos o sabemos que no les faltará coraje y valentía para implementar medidas solucionadoras.
Ahora todos los políticos, conscientes de que es un tema clave a la hora de decidir el voto, dicen que se pondrán las pilas y se lo tomarán en serio. Pero pensemos que estamos como estamos por culpa de los que han podido hacer frente al tema, ya sean de un color o del otro, y no han respondido. No caigamos de nuevo en la engañifa, dando otra enésima oportunidad a los que no han sabido atajar el problema. Demos una oportunidad a la esperanza. Apoyemos a los que pueden poner orden e implementar soluciones inmediatas, haciendo recuperar la lógica y el sentido a lo que es una propiedad privada.
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