El diario ‘El Mundo’ ha denunciado la connivencia de la Generalidad con más de dos mil médicos catalanes para que violen los derechos lingüísticos de los ciudadanos castellanoparlantes. Estos facultativos se han agrupado en el colectivo «Médicos por el catalán» y están dispuestos a imponer su decálogo lingüístico en el mayor número posible de centros de salud y hospitales de Cataluña.
La consigna de este grupo es «atender siempre en catalán a los pacientes en primera instancia y solo se cambiará de lengua si existe dificultad de comunicación». Dejan la «dificultad de comunicación» a criterio del fanatismo lingüístico de cada médico. Este protocolo hispanófobo implica desobedecer sentencias judiciales y los propios protocolos del gobierno autonómico catalán.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló en 2015 parcialmente el Protocolo de Usos Lingüísticos de la Generalidad y su Sector Público, suprimiendo una norma que dictaba que «tanto si la conversación la inicia el usuario como el trabajador, éste la mantendrá en catalán, independientemente de la lengua que use el interlocutor, excepto en caso de que el usuario manifieste dificultades para entender el catalán o pida ser atendido en otra lengua oficial».
El «manual de acogida» que el Instituto Catalán de la Salud (ICS) entrega a los médicos que se incorporan al servicio público establece que «los funcionarios se dirigirán a los ciudadanos en sus comunicaciones orales normalmente en catalán, y respetarán la elección que estos hagan de la lengua en la que quieren ser atendido». Este extremo es el que los «Médicos por el catalán» se han comprometido a no cumplir, violando los derechos de los pacientes castellanoparlantes.
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