El Gobierno de las Islas Baleares, liderado por Marga Prohens, ha anunciado que exigirá a quienes aspiren a la residencia legal en el archipiélago por la regularización de inmigrantes pactada entre PSOE y Podemos una «voluntad clara» de conocer lo que el PP considera la «lengua propia» de las islas: el catalán. Este mantra de la «lengua propia» es la principal herramienta ideológica del separatismo catalán para arrinconar a los castellanoparlantes.
Antoni Costa, portavoz del Ejecutivo balear, ha sido tajante tras la reunión del Consell de Govern: los que deseen regularizan su situación «deben mostrar voluntad de conocer nuestra lengua propia». Para el Gobierno autonómico no se trata solo de un trámite administrativo, sino de una cuestión de integración real.
Costa ha subrayado que cualquier persona que pretenda establecerse legalmente en Baleares debe mostrar un compromiso firme con la lengua y la cultura que según el PP balear definen la identidad de las islas, el catalán, situando este conocimiento como un pilar fundamental de la convivencia.
La postura del Gobierno de Prohens es de «oposición frontal» a lo que califican como un «regalo de la residencia legal» por parte del Gobierno central. Desde el archipiélago se observa con profunda preocupación cómo una medida de tal calibre, tomada de forma unilateral en Madrid, puede tensionar los servicios públicos insulares. Baleares, con una presión demográfica ya asfixiante, teme que este proceso extraordinario desborde definitivamente sus centros de salud y escuelas.
El Govern ha advertido que utilizará «todas las vías legales» a su alcance para frenar esta regularización masiva. Consideran que es su obligación defender los intereses de los ciudadanos baleares frente a una política estatal que perciben como una agresión a la estabilidad del archipiélago. La intención es clara: poner todas las trabas posibles a una medida que, según denuncian, fomenta el efecto llamada y compromete la seguridad.
Sin embargo, el Ejecutivo de Prohens es consciente de la dificultad jurídica de esta batalla. El propio portavoz ha reconocido que presentar un conflicto competencial será complejo, dado que la materia de Extranjería es competencia exclusiva del Estado. Aun así, Baleares no está dispuesta a ser un espectador pasivo mientras se tramitan miles de expedientes que impactarán directamente en su tejido social y económico.
La exigencia del catalán como requisito de integración se presenta así como una herramienta de control y selección, aunque sea a costa de que el PP de las Islas Baleares acabe comprando el ideario separatista que distingue entre una lengua «de primera», el catalán, y otra «de segunda» o «ajena», como el español. De ahí a aceptar los ‘Països Catalans’ del pancatalanismo separatista solo hay un paso.
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