El presidente del Partido Popular (PP) de Cataluña, Alejandro Fernández, ha cargado esta mañana contra el “fracaso del modelo Colau” en la política de vivienda y que «ha acabado contagiando» al Govern de Cataluña y al Gobierno nacional. Lo ha expuesto durante el acto de vivienda del PP “Més Habitatge”, que ha tenido lugar en el Hotel Ultonia, en Girona y también ha contado con la intervención de la diputada nacional y portavoz en la comisión de Vivienda, Cristina Agüera, las diputadas autonómicas y miembros de la comisión de Territorio y Vivienda, Eva García y Ángeles Esteller, el presidente del PP en Girona, Daniel Ruiz, y la presidenta de la unión de propietarios “Som Habitatge”, Núria Garrido.
Tras recordar al auditorio que la vivienda se ha convertido en la primera preocupación de los españoles y que en Cataluña “se está condenando a toda una generación de jóvenes que no ve futuro de ningún tipo” y, a diferencia de la generación del 96-2004, no está pudiendo acceder al mercado y organizar su familia y proyecto de vida, Fernández ha cargado duramente contra el separatismo y la izquierda que, entre otras cosas, ha llevado a Cataluña a convertirse en el “paraíso okupa de toda Europa”, habida cuenta que el 43% de las okupaciones de España tienen lugar aquí.
Sobre este tema, ha querido señalar la hipocresía del separatismo y la izquierda, que la han justificado hasta que les ocurre a ellos, como ejemplifican los casos de la dirigente de Podemos, Gemma Galdón, el exalcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu, o el multipropietario exdiputado Benet Salellas.
Fernández ha pedido a los oyentes que “no tengan complejos a la hora de rebatir las mentiras de la izquierda” cuando culpan de la situación del mercado inmobiliario actual a la liberalización del suelo que hizo el gobierno Aznar. “La gran crisis inmobiliaria tuvo que ver con la irresponsabilidad crediticia y no la liberalización del suelo, tuvo epicentro en los EEUU, pero en España esa irresponsabilidad tuvo como protagonistas a las cajas de ahorros, intervenidas por el poder político, y en Cataluña esas cajas de ahorros tenían protagonistas: Convergencia y el PSC”, ha manifestado.
El presidente de los populares también ha señalado los males que sufre el sector, como son “la voluntad de imponerle al propietario el precio al que tiene que alquilar su vivienda, imponer a los constructores un porcentaje absolutamente insostenible de protección oficial que hace inviable la construcción de pisos” hasta el punto que “a la propia administración pública no le sale a cuenta porque se autoimpone unas condiciones draconianas que ni siquiera pueden movilizar su propio parque y propio suelo”.
Ante esta situación, Fernández ha contrapuesto la postura del PP, que pasa por ofrecer seguridad, tranquilidad, garantías y protección a los propietarios e inquilinos que cumplen, dar facilidades a los constructores -cumpliendo obviamente con las limitaciones urbanísticas, medioambientales y modelo de ciudad-, ayudar con bajadas de impuestos a quien quiere comprar, fomentar la colaboración público-privada, luchar contra la ocupación ilegal y permitir a esa generación de jóvenes de perfiles trabajadores que puedan acceder a su primera vivienda.
Sobre esto último, el líder de los populares catalanes ha recordado que el presidente nacional, Alberto Núñez-Feijóo, ya escogió Cataluña para presentar su Plan Nacional de Vivienda, precisamente porque es una de las comunidades más afectadas tanto por la escasez, como por la ocupación y la excesiva intervención pública.
La mesa redonda
Durante la mesa redonda, la diputada Ángeles Esteller, que ha moderado el acto, ha centrado su intervención en como las diferentes políticas de vivienda del Govern, “que están condicionadas por los Comuns”, suponen una “limitación absoluta” del derecho de propiedad, una limitación a la construcción de vivienda nueva por las trabas burocráticas existentes, la permisividad con la okupación y como todo esto ahonda en la falta de oferta existente que se vive hoy en Cataluña.
Por su parte, la presidenta de la unión de propietarios “Som Habitatge”, Núria Garrido, ha hecho hincapié en la afectación a las clases medias e industria auxiliar inmobiliaria que está teniendo el exceso de intervencionismo en el mercado inmobiliario por parte de la Administración, algo que “aún no se puede valorar bien porque estamos en el inicio” pero que empieza a tener derivadas preocupantes, como son el hecho que “las familias no encuentran alquiler, los jóvenes tampoco, y mucha gente está quedando excluida del mercado de compra”, sin contar con el volumen “de 40.000 trabajadores que dependen de la industria del alquiler” y su ecosistema asociado, como son los servicios de reforma, gestión de inmuebles, mantenimiento o limpieza.
García ha indicado que lo necesario es favorecer un marco normativo que permita la liberación de suelo y la construcción de vivienda porque los partidos de izquierda están torpedeando esta posibilidad al mismo tiempo que tampoco despliegan políticas activas que faciliten este acceso a la vivienda. “En Cataluña, el 94% del conjunto del suelo es no urbanizable, y eso significa que si hace 200 años hubiéramos tenido gobernando a los mismos que ahora, Barcelona sería poco más que plaza Cataluña”, ha ejemplificado para insistir en la necesidad de crear un marco normativo que permita superar esta crisis de vivienda.
La diputada nacional, Cristina Agüera, ha expuesto las razones por las que “hemos llegado a esta situación” a causa de las políticas intervencionistas aplicadas por el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios que han terminado expulsando muchas viviendas del mercado, repercutiendo negativamente en la situación que vive España actualmente en cuanto acceso a vivienda de propiedad y de alquiler.
En este sentido, ha referido que el Banco de España cifra en 700.000 viviendas la que nos faltan ahora mismo en nuestro país, “y cada año nos irán faltando más de 100.000 viviendas si seguimos esta tendencia”. Sin embargo, ante este panorama, el gobierno de Sánchez “promete humo, como hizo en 2023 prometiendo 124.000 viviendas que aún estamos esperando” o bloquea las propuestas de los populares, como la ley antiokupas o la ley del suelo, que está aprobada en el Senado pero lleva más de un año paralizada en el Congreso “cuando es una ley muy necesaria y reivindicada por el sector”.
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