La arquitectura constitucional de España sufre hoy una erosión constante por la aceptación de desigualdades territoriales que fracturan la unidad nacional. El cupo vasco y el convenio navarro, aceptados en su día como excepciones, han terminado por consagrar un sistema donde existen españoles de primera y de segunda categoría fiscal. Esta asimetría, lejos de corregirse, se ha convertido en el peaje que el sanchismo paga gustosamente para mantenerse en el poder.
La discriminación no se detiene en la cartera; ha calado profundamente en el ámbito de los derechos civiles a través de la lengua. Es desolador observar cómo niños en Cataluña son privados del derecho elemental de ser educados en su lengua materna, el español. Mientras la izquierda mira hacia otro lado, se levantan muros idiomáticos que impiden que cualquier ciudadano pueda circular libremente por el mercado laboral de su propio país. El separatismo usa la lengua catalana como herramienta de poder, para demostrar su dominio excluyendo a los castellanoparlantes de los empleos públicos y de las contratas públicas.
El sectarismo ha llegado a extremos que rozan el absurdo administrativo, personificado recientemente en el Ayuntamiento de Vic. El consistorio, gobernado por Junts, ha incluido en su contrato de desratización la exigencia de que los operarios dominen el catalán para exterminar plagas. Resulta ridículo que para aplicar raticida o matar cucarachas se imponga un filtro lingüístico que nada tiene que ver con la eficacia del servicio técnico.
Esta imposición en Vic no es una anécdota, sino una obligación contractual que establece el catalán como lengua única «por defecto» en todas las comunicaciones. Incluso en el trato directo con los ciudadanos, las empresas de control de plagas están atadas por un pliego de condiciones que prioriza la ideología sobre la salud pública. Es la culminación de un tribalismo político que utiliza cualquier resquicio administrativo para segregar a los trabajadores.
Esta mancha de aceite amenaza con extenderse al resto de autonomías dominadas por los partidos nacionalistas bajo la mirada complaciente del Ejecutivo central. La obsesión por la identidad regional se antepone a la eficacia de los servicios públicos y al mérito de los profesionales. Se premia el carné lingüístico por encima de la competencia técnica, dejando fuera a miles de españoles cualificados de la función pública y de las contratas municipales.
El control de las instituciones es el siguiente paso en la hoja de ruta de la coalición que sustenta a Pedro Sánchez. El intento de desmantelar la independencia del Poder Judicial busca eliminar el último dique de contención frente a estos abusos de poder local. Sin jueces libres, el ciudadano quedará totalmente desprotegido ante la arbitrariedad de una administración que legisla solo para los que comparten su credo nacionalista.
Afortunadamente, entidades como Convivencia Cívica Catalana mantienen viva la resistencia mediante la denuncia sistemática de estos atropellos en los tribunales. Su labor es fundamental para recordar que los derechos lingüísticos no pueden atropellar los derechos laborales y fundamentales de las personas. Es una lucha inteligente contra un aparato institucional que utiliza el dinero de todos para fomentar la exclusión.
La estrategia del separatismo, con el beneplácito del PSOE, es clara: vaciar de contenido la Constitución desde sus cimientos. Han encontrado en el actual Gobierno un aliado que prefiere la supervivencia personal a la defensa de la igualdad real entre todos los españoles. Cada concesión en materia de lengua en un contrato público es un paso más hacia la desarticulación del Estado de derecho.
El silencio de la izquierda ante esta discriminación laboral por razones de lengua resulta especialmente cínico. Quienes dicen defender a la clase trabajadora callan cuando un operario puede perder su empleo por no hablar el idioma que impone el político de turno. La ideología se ha convertido en una herramienta de ingeniería social que margina al ciudadano común en su propia tierra.
No podemos acostumbrarnos a vivir en un país donde los derechos dependen de la lengua que utilices para hablar con la administración. Es imperativo reaccionar antes de que el modelo de exclusión de Vic se convierta en la norma general en toda España. La libertad y la igualdad no son negociables, por mucho que Sánchez necesite los votos de quienes quieren romper la convivencia.
Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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