El Ayuntamiento de Santa Coloma de Farners (Gerona) ha decidido dar un paso más en la construcción de una administración monolingüe. Bajo la apariencia de fomentar el catalán, el consistorio ha aprobado inicialmente un reglamento que, en la práctica, convierte al castellano en una lengua de segunda categoría. Esta normativa no ha pasado desapercibida para Convivencia Cívica Catalana (CCC), que ya ha presentado alegaciones formales contra un texto que consideran profundamente excluyente.
La entidad advierte de que, si el ayuntamiento no rectifica, la batalla se trasladará a los tribunales. El objetivo es claro: evitar que el principio de cooficialidad quede vacío de contenido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Para los juristas de CCC, el modelo propuesto no busca la convivencia, sino que establece una jerarquía lingüística donde el castellano solo aparece como una anomalía que debe ser solicitada expresamente.
El esquema diseñado por el consistorio trata al castellano como si fuera una lengua extranjera en su propio territorio. No forma parte del funcionamiento ordinario de la administración, sino que se relega a situaciones excepcionales y bajo demanda del interesado. Es un sistema que obliga al ciudadano a realizar un esfuerzo adicional para ejercer un derecho constitucional básico, rompiendo la neutralidad que se le exige a cualquier institución pública.
Uno de los puntos más polémicos se encuentra en el artículo 7, que impone al personal municipal la obligación de dirigirse a los vecinos siempre en catalán. No se trata de una sugerencia de cortesía o de promoción, sino de un mandato normativo que ignora la lengua que utilice el interlocutor. Con esta medida, la primera palabra de la administración es siempre unívoca, forzando al ciudadano a tener que «corregir» al funcionario si desea ser atendido en castellano.
Este diseño supone una carga innecesaria para el administrado, quien debe romper la inercia impuesta por la norma para ser escuchado en su lengua oficial. Desde Convivencia Cívica Catalana denuncian que este mecanismo no es casual, sino una estrategia deliberada para que el castellano sea percibido como algo ajeno. El derecho a usar la lengua propia se convierte así en una solicitud de excepción, lo que desincentiva su uso en el ámbito público.
La exclusión se extiende también a los documentos escritos y a las notificaciones oficiales según el artículo 4 del nuevo reglamento. La tramitación de expedientes se hará por defecto en catalán, condicionando el uso del castellano a una petición formal previa. Esta burocratización del derecho lingüístico es, a ojos de la entidad constitucionalista, una barrera que vulnera la igualdad de los ciudadanos ante la administración y el propio estatuto constitucional.
Pero el afán intervencionista del reglamento no se detiene en los despachos municipales, sino que pretende saltar a la empresa privada. El artículo 25 obliga a los contratistas y subcontratistas que trabajen para el ayuntamiento a utilizar exclusivamente el catalán en toda su actividad comercial y de rotulación. Incluso se llega a introducir una priorización de productos etiquetados en catalán, una injerencia clara en la libertad de empresa y el mercado.
Ángel Escolano, presidente de CCC, ha sido tajante al afirmar que un vecino no debería pedir permiso para usar una lengua oficial en su país. Para el representante de la entidad, cuando una administración obliga a un ciudadano a solicitar sus derechos de forma expresa, está dejando de servirle para pasar a «disciplinarlo». Esta actitud administrativa priva al castellano de su estatus legal y lo arrincona en la marginalidad institucional.
La ofensiva de Convivencia Cívica Catalana no es un caso aislado, sino que forma parte de una estrategia de resistencia legal ante el avance del nacionalismo en los municipios. La entidad ya ha impugnado reglamentos similares en Vidreres y Argentona durante este mes de enero de 2026, y mantiene el foco sobre Tiana. Existe una voluntad firme de llevar ante la justicia cada intento de convertir los ayuntamientos en espacios cerrados a la pluralidad lingüística de Cataluña.
En definitiva, lo que se dirime en Santa Coloma de Farners es si las instituciones pueden ignorar la realidad social y legal de España. Las alegaciones presentadas exigen la modificación de los artículos más lesivos para garantizar que el castellano sea usado con normalidad y sin trabas. Mientras el Gobierno central mira hacia otro lado, son las entidades civiles las que deben acudir al TSJC para defender que la administración sea, de verdad, la casa de todos.
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