Impulso Ciudadano ha promovido un manifiesto dirigido a todas las fuerzas políticas que concurren a los próximos comicios del 28 de mayo en el que se les reclama que se pronuncien inequívocamente sobre varias cuestiones que esta entidad considera especialmente relevantes: respeto y acatamiento a la Constitución, lealtad institucional, gobierno para todos, rechazo a la violencia política, cumplimiento de la normativa sobre símbolos oficiales y derechos lingüísticos.
El documento ha sido suscrito por otras cuatro entidades cívicas constitucionalistas catalanas: Cataluña Suma por España, Asociación por la Tolerancia, Empresaris de Catalunya y Movimiento Cívico Espanya i Catalans. El texto es el siguiente y el título del manifiesto es: “Con la Constitución y contra el sectarismo”.
El próximo 28 de mayo tendrán lugar elecciones locales y están convocadas elecciones autonómicas en toda España, excepto en Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía y Castilla y León. Las elecciones tienen lugar en un momento en el que muchos ciudadanos padecen problemas derivados de la situación económica y social; problemas agravados por la preocupante crisis institucional que está sufriendo nuestro país, especialmente a raíz de la presión y condicionamientos que ejercen en los gobiernos locales y autonómicos las formaciones nacionalistas y populistas. Está presión también afecta al gobierno de la Nación.
En este documento expresamos nuestra preocupación por algunos problemas que ponen en riesgo los principios democráticos y que se están convirtiendo en estructurales. Algunas Administraciones relevantes alardean del incumplimiento de la ley, de debilitar a las altas instituciones del Estado, de desprestigiar la labor de jueces y tribunales y de abonar la desobediencia a las resoluciones judiciales. Todo ello en un marco en que se sigue cuestionando la integridad territorial de España y que, incluso, lleva al gobierno de la Nación a articular insólitos mecanismos como la Mesa de negociación con el gobierno autonómico catalán para abordar propuestas que no tienen encaje en la Constitución.
En ese contexto, ponemos de manifiesto dos cuestiones que preocupan de manera singular a nuestras organizaciones. El primero, la relativización, e incluso legitimación, de la violencia política por parte de algunas formaciones políticas como herramienta para eliminar al adversario político. El segundo, la vulneración sistemática de los derechos lingüísticos en ciertas Comunidades Autónomas con cooficialidad lingüística. En este sentido, se suelen destacar los excesos identitarios en Cataluña o el País Vasco, intensificados con sus nuevos regímenes lingüísticos educativos.
Por desgracia, esos modelos se están expandiendo en otras áreas territoriales, de manera que se está generalizando un sistema escolar monolingüe que expulsa al español de la escuela por dos vías: a) exclusividad de la lengua cooficial “propia” que pasa a tener carácter único o preferente como lengua vehicular, b) eliminación de la materia de Lengua Castellana y Literatura al disolverla en los ámbitos globalizados de materias que ampara la LOMLOE. Esta situación atenta contra los derechos lingüísticos de la mayoría de la sociedad española genera inseguridad jurídica, vulnera derechos individuales de los alumnos y contribuye al fracaso escolar. Además, la exigencia de requisitos lingüísticos desproporcionados para acceder a la función pública autonómica y local se está convirtiendo en una barrera infranqueable para los ciudadanos españoles y europeos, lo que debe corregirse.
Por las razones apuntadas, solicitamos de las distintas fuerzas políticas un compromiso firme en defensa de la democracia española y de los derechos fundamentales. Lo concretamos en los siguientes puntos:
1- Respeto y acatamiento de la Constitución. El juramento o promesa de fidelidad en el momento de acceder al cargo de las nuevas autoridades no es una mera fórmula protocolaria sino la asunción de una obligación pública hacia el conjunto de los ciudadanos. Esta exigencia, por supuesto, no impide que las autoridades locales y autonómicas defiendan la modificación de la Constitución, pero, en tanto ésta no se produzca, no es admisible que quienes reciben sus competencias de la Constitución desempeñen su actividad al margen de ésta, cuestionen la soberanía nacional y promuevan la ruptura social.
2.- Lealtad institucional. La fortaleza del Estado es la fortaleza de los derechos y libertades garantizadas a través del ordenamiento jurídico. Por ello, las autoridades deben trabajar con probidad con el resto de los poderes del Estado y evitar la confrontación desleal. Abogamos por aplicar medidas que favorezcan y garanticen la colaboración entre Administraciones y corrijan las normativas que la debilitan.
3.- Gobiernos para todos. Los gobiernos locales y autonómicos que surjan de las urnas deben trabajar para el bien común como principio esencial democrático y hacer explícito en sus actuaciones que gobiernan para todos, no para un grupo o para la mayoría. Para ello, deben renunciar en sus prácticas al sectarismo, la discriminación o el odio contra el discrepante o el diferente. Pedimos que todos se comprometan a garantizar la participación, en igualdad de condiciones, de todos aquellos que quieran aportar datos, argumentos u opiniones para la construcción de la opinión ciudadana.
4.- Rechazo de la violencia política. Las instituciones no pueden dar cobijo a prácticas que justifiquen la violencia o el acoso intimidatorio en ningún momento, pero especialmente en períodos electorales. Por el contrario, deben proteger y amparar a las víctimas que padezcan actos violentos o intimidatorios.
5.- Cumplimiento de la normativa sobre símbolos oficiales. Los símbolos oficiales manifiestan que las instituciones representan y respetan los derechos de todos. Por ello, en los edificios y en otros espacios de titularidad pública tienen que figurar como exponente de la soberanía. Su ausencia debe ser corregida de forma inmediata, tal como prevé la normativa actual y ha avalado la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
6.- Derechos lingüísticos de los ciudadanos. España dispone del español o castellano como lengua oficial en todo el territorio nacional y hay Comunidades Autónomas y comarcas con cooficialidad lingüística. Las Administraciones deben garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos, atenderles en la lengua oficial de su elección y emplear con normalidad las lenguas oficiales. En relación con el régimen lingüístico escolar, todas las Administraciones educativas implicadas (estatal, autonómica y municipal) deben garantizar que el español sea lengua vehicular y de aprendizaje en equilibrio con la otra lengua cooficial.
A efectos de orientar adecuadamente el voto, creemos conveniente que las distintas formaciones políticas se posicionen de manera clara sobre los puntos expuestos.
RUEGO: Le pedimos urgentemente ayuda para poder seguir con nuestra labor de apoyo al constitucionalismo y de denuncia de los abusos secesionistas, queremos seguir defendiendo una Cataluña leal a España y que aporte al proyecto común de todos los españoles. Si pueden les rogamos nos hagan una aportación económica sea 5, 10, 20, 50 euros o lo que deseen: hagan un donativo aquí.
Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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