El diario El País informa que el juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga presuntos delitos relacionados con la consulta ilegal del 1 de octubre en Cataluña, ha destapado apuntes contables con un monto total de algo más de tres millones de euros procedentes del Estado y desviados al proceso secesionista. La UCO y la Guardia Civil de Cataluña están al cargo de la investigación de estos hechos.
Este hallazgo se ha producido gracias a las treinta cajas repletas de documentos en un furgón que querían quemar efectivos de los Mossos d’Esquadra en una incineradora en Sant Adrià de Besòs (Barcelona), y que fue impedido por agentes de la Policía Nacional, que tras conseguir una orden judicial incautaron dichos papeles.
Este dinero provendría, según la investigación judicial, del Fondo de Liquidación Autonómica, un plan de ayuda del Gobierno central para afrontar deudas e impagos surgidos por la crisis económica. Entidades como Òmnium Cultural habrían recibido este dinero de la Generalitat a través de subvenciones.
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