La Guardia Civil no vota, no hace huelgas políticas, no amenaza con tumbar gobiernos. Por eso es tan fácil sacrificarla. No hay un aluvión de tertulianos defendiendo sus derechos laborales y la mejora de sus condiciones de trabajo. Hay, eso sí, miles de profesionales que, en todos los rincones del país, cumplen con voluntad de servicio su deber de luchar por la seguridad de todos los españoles mientras su propio Gobierno los utiliza como moneda de cambio. Y solo cuentan con un puñado de asociaciones profesionales de políticos constitucionalistas para denunciar lo que los agentes no pueden decir.
La política de Pedro Sánchez hacia la Guardia Civil en Cataluña no es fruto del azar ni de la incompetencia. Es una decisión consciente. Un cálculo político. Una forma de decirle al separatismo catalán: “Estamos dispuestos a tocar incluso las instituciones del Estado si nos dais vuestros votos”. Y el PSC, que controla la dirección de la Administración del Estado en Cataluña, es el brazo ejecutor.
El concepto de autogobierno ha sido una de las grandes banderas del nacionalismo catalán. Pero en manos del separatismo y de sus aliados en Madrid se ha convertido en una coartada para desmontar los contrapesos del Estado. La Guardia Civil, por su naturaleza de cuerpo de ámbito nacional, es uno de esos contrapesos por su historial de servicios a la Nación, por su profesionalidad y por sus lemas de “Todo por la patria” y “El honor es mi divisa”, que garantizan su lealtad a nuestro orden constitucional.
Transferir competencias no es, en sí mismo, negativo. Pero hacerlo con una lógica política de apaciguamiento a quienes buscan la ruptura es una irresponsabilidad histórica. Cada competencia que se cede a una Cataluña dominada por el separatismo sin debate público, sin evaluación técnica y sin consenso nacional es un paso hacia la fragmentación del Estado.
Los Mossos d’Esquadra han sido, en demasiadas ocasiones, objeto de instrumentalización política. Desde el procés hasta la actualidad, el cuerpo ha sido sometido a presiones, purgas internas y orientaciones políticas que han condicionado su actuación. Su complicidad, al no cumplir el mandato judicial de impedir las votaciones, permitió que el 1 de octubre fuera una demostración de fuerza del separatismo. Fortalecer a una policía autonómica controlada políticamente por una Generalitat en manos del separatismo o sus aliados o controlada políticamente por gobiernos que incluyen fuerzas separatistas mientras se debilita a la Guardia Civil no es neutral. Es una apuesta política con consecuencias institucionales profundas.
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Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace pueden comprar el libro.
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