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— Partido Popular (@ppopular) October 18, 2026
El Partido Popular ha situado la problemática de la ocupación ilegal y el acceso a la vivienda en el núcleo de su estrategia política de cara a la cita electoral programada para el 29 de noviembre. Durante un encuentro público celebrado en Barcelona junto al líder autonómico Alejandro Fernández, la dirección de la formación ha formalizado la designación del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, para encabezar la elaboración de una iniciativa parlamentaria antiokupación.
La propuesta técnica planteada por el partido contempla fijar un plazo máximo de 48 horas para la intervención y desalojo de inmuebles ocupados sin título justificativo. La dirección conservadora argumenta que la trayectoria de gestión local desarrollada en la provincia barcelonesa avala la implantación de este protocolo a escala estatal.
El plan normativo abarca asimismo un incremento de los recursos judiciales y policiales destinados a frenar la reincidencia delictiva en las zonas urbanas. Desde las filas populares se insiste en dar una respuesta jurídica contundente frente a las infracciones contra la propiedad privada para garantizar la seguridad ciudadana.
Paralelamente, la formación ha dirigido duras críticas hacia la gestión en materia de vivienda realizada por la administración central. En este sentido, la cúpula del partido sostiene que el Ejecutivo no ha logrado incrementar la oferta pública de inmuebles a lo largo del mandato autonómico y nacional.
Feijóo también ha cuestionado los recientes episodios internos de la formación socialista en el ámbito inmobiliario. En concreto, ha hecho referencia a las controversias vinculadas a los negocios patrimoniales del entorno cercano de la portavocía saliente del PSOE, señalando la contradicción entre el discurso institucional y las prácticas privadas.
En la vertiente macroeconómica, el programa popular contrapone su modelo de contención fiscal a las medidas impositivas implementadas en la presente legislatura. El compromiso formal de la candidatura incluye limitar la carga tributaria sobre los contribuyentes al nivel estricto que requiera la sostenibilidad de los servicios fundamentales.
Respecto al mantenimiento de las prestaciones sociales, la candidatura asegura la protección íntegra de las cuantías de las pensiones y la financiación de los servicios de sanidad y educación pública. La fuerza opositora se distancia así de las acusaciones del partido del Gobierno relativas a eventuales recortes presupuestarios.
El debate de modelos urbanos ha sido planteado mediante la comparación entre la gestión desarrollada en la capital catalana en anteriores etapas municipales y las actuaciones impulsadas en el municipio de Badalona. La formación define este contraste como la elección central para el electorado de la región en la próxima convocatoria con las urnas. Roger Melero por Lleida, Diana Moya por Girona y Mónica Landete por Tarragona serán los cabeza de lista del PP en las otras provincias catalanas.
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