Después de las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo, los partidos PP y VOX han firmado pactos de gobierno en cuatro comunidades autónomas, concretamente en la Comunidad Valenciana, en Extremadura, en las Islas Baleares y en Aragón. En cambio, en la comunidad autónoma de Murcia su presidente, el señor López Miras, se ha negado a firmarlo. El plazo para hacerlo finaliza el jueves 7 de septiembre, por lo que si no lo firman antes, se deberán repetir las elecciones.
En el ámbito educativo los cuatro pactos firmados presentan muchos rasgos comunes y algunas pequeñas diferencias. En cambio, si ha habido diferencias significativas en cuanto al reparto de cargos entre PP y VOX. Concretamente VOX ha entrado a formar parte del gobierno de la Comunidad valenciana con tres consejerías, del de Aragón con dos consejerías, del de Extremadura con una consejería, mientras que no ha entrado en el gobierno de Baleares, aunque se ha establecido una comisión de seguimiento del cumplimiento del acuerdo programático.
El aspecto común más destacable en el ámbito de la educación es la devolución a los padres del derecho a la elección de centro educativo y del derecho a escoger la lengua de escolarización que desean para sus hijos, dos derechos básicos de los padres que hasta ahora sus anteriores gobiernos autonómicos les habían negado. Hasta ahora solo podían elegir entre los pocos centros que establecía su respectiva consejería de educación y, en las comunidades bilingües antes mencionadas, todos tenían que estudiar obligatoriamente en catalán y desde el primer día de su escolarización. Los partidos y las entidades que han luchado por conseguir estos cambios confían en que los padres, una vez que hayan constatado que la capacidad de elegir es posible y que ninguna familia sale perjudicada, ya no volverán a votar a ningún partido que pretenda quitarles la libertad de elección.
El segundo aspecto común más relevante en cuanto a la educación ha sido la promesa de la neutralidad ideológica de los centros educativos, es decir de que el partido político que ocupe el gobierno autonómico, no aproveche la escolarización obligatoria de todos los alumnos para transmitirles sus ideales políticos, como lamentablemente se ha hecho y se sigue haciendo en muchos lugares.
En las islas Baleares estos aspectos se han concretado en los artículos 54 y 55 del pacto, que dicen:
- Consolidaremos un modelo educativo basado en el mérito, el esfuerzo, la capacidad y el respeto a los docentes, generador de oportunidades y libre de adoctrinamiento ideológico. En el ámbito educativo, los padres podrán elegir libremente el centro escolar para sus hijos, así como la primera lengua de escolarización. Nos comprometemos a extender este derecho en todas las etapas educativas antes de acabar la legislatura, sin excluir ninguna de las lenguas cooficiales.
- Modificaremos las normas que supongan una imposición lingüística, asumiendo que en la comunidad existen dos lenguas oficiales. Se hará el desarrollo normativo correspondiente para garantizar que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública.
En la Comunidad valenciana estos aspectos se han concretados en los artículos 27, 28 y 29 del pacto, que se citan a continuación. En esta comunidad, además, se cita explícitamente el derecho de los padres a autorizar o no los contenidos ideológicos opinables de las actividades extracurriculares.
- Garantizaremos la libertad de educación, la libre elección de centro y la libre elección de la lengua de enseñanza entre las dos oficiales en todas las etapas educativas.
- Los padres elegirán libremente y en su caso autorizarán el contenido de las actividades extracurriculares.
- Reforzaremos la inspección educativa para preservar la calidad de la enseñanza sacando la ideología de las aulas y permitiendo que los padres elijan la educación de sus hijos.
En el pacto firmado en Extremadura estos aspectos se concretan en el artículo 32:
- Garantizaremos la neutralidad ideológica de la enseñanza en Extremadura y fomentaremos la igualdad de oportunidades asegurando la libre elección de centro en todas las etapas educativas, así como el derecho constitucional que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus convicciones.
En el pacto firmado en Aragón estos aspectos aparecen en los tres primeros sub-apartados del artículo 2. Además, para asegurar que la libertad de elección de centro sea siempre posible, han acordado establecer el llamado “cheque escolar”, es decir un aval equivalente al coste de escolarización de un hijo durante un año, que los padres entregarán al colegio que hayan elegido. Con este sistema los padres aseguran la libertad real de elección y los centros pueden ver reconocidos públicamente sus esfuerzos por dar un buen servicio educativo. Los tres sub-apartados son:
- Garantizaremos la libertad de educación y la libre elección de centro escolar por parte de los padres.
- Crearemos el ‘Cheque escolar’ para asegurar la igualdad de oportunidades, el derecho de los padres de elegir la educación que desean para sus hijos y promover la competitividad de los centros educativos.
- Los padres elegirán libremente y en su caso autorizarán el contenido de las actividades extracurriculares.
Otro de los aspectos de los acuerdos en los que ha habido unanimidad ha sido en la derogación de las respectivas leyes autonómicas de Memoria Histórica y Democrática. El motivo para hacerlo, en palabras del pacto de Extremadura, es que “la sociedad necesita acuerdos y normas de consenso, que no dividan en bandos, que no propicien la ruptura del pacto constitucional ni traten de moldear la historia para imponer una memoria parcial y sesgada”. Se trata de un aspecto muy importante, ya que estas leyes impregnan los contenidos curriculares de la materia de “Historia” en todas las etapas educativas.
También ha habido coincidencia absoluta en garantizar la educación gratuita y universal desde los 0 años, en apoyar decididamente a la enseñanza especial en lugar de reducirla a un papel testimonial y en considerar a la enseñanza concertada y privada como parte constitutiva de la red de centros y, por tanto, merecedora a recibir las ayudas que precisen, como las reciben los centros públicos. Es este un aspecto muy importante porque generalmente los medios de información, cuando se refieren a noticias sobre la mejora de la educación, la reducen a “mejorar la enseñanza pública”, como si la enseñanza concertada y la enseñanza privada no tuvieran también la necesidad de mejorar.
Respecto a los cuerpos docentes, en los pactos se habla de dignificar la labor del profesorado y el respeto a su figura, de reducir la interinidad, en dar un mayor grado de autoridad a la inspección educativa para preservar la calidad de la enseñanza y para sacar la ideología política partidista de las aulas y, en las comunidades bilingües, garantizar que el desconocimiento del catalán no será un obstáculo para acceder a la función pública.
Hay algunos aspectos que sólo aparecen en algunos acuerdos, por ejemplo en el pacto de Baleares se ha establecido suspender la aplicación de la LOMLOE, recuperar las notas numéricas, revisar los contenidos curriculares y combinar la adquisición de habilidades con la adquisición de conocimientos. Otro acuerdo importante es el que aparece en el pacto de Aragón, que consiste en exigir una prueba de acceso a la Universidad única en todo el territorio nacional para garantizar la igualdad de oportunidades.
Todos estos aspectos pueden mejorar significativamente la educación. Ahora sus gobiernos tienen una gran responsabilidad, porque un error en su aplicación sería aprovechado por los que defienden lo contrario para justificar su oposición. Los cambios acordados se han de hacer de forma lenta y gradual, para, por ejemplo, asegurarse de que el profesorado haya podido prepararse para impartir clases en castellano, para que los equipos directivos aprendan a establecer líneas en las dos lenguas cooficiales, para que las editoriales hayan tenido tiempo de hacer sus libros de texto en las dos lenguas cooficiales, etc.
Por otro lado, estos cambios no se pueden ralentizar en exceso, como para que pasen los cuatro años de legislatura sin haberlos aplicado en su totalidad, porque ello llevaría al electorado a pensar que lo han engañado. Estamos ante un cambio histórico y muy esperanzador.
Antonio Jimeno, presidente del sindicato de profesores AMES.
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