La portavoz adjunta del Partido Popular (PP) en el Parlament de Cataluña, Lorena Roldán, aprovechó la Comisión de Investigación de la DGAIA para pedir explicaciones por el agujero de 167 millones de euros a causa de pagos indebidos, detectado por la Sindicatura de Cuentas en el período 2016-2024 e investigado también por la Oficina Antifraude y el Tribunal de Cuentas. “Quiero saber qué pasaba exactamente, 167 millones de euros que no sabemos por qué se han pagado creo que es lo suficientemente desconcertante como para preguntar hoy aquí”, incidió.
Roldán afeó al Govern que no exista soporte documental que pueda justificar los pagos indebidos “precisamente porque ustedes han sido incapaces de entregar esa documentación a la sindicatura”, persistiendo de ese modo en una actitud de poca colaboración que entorpece la fiscalización debida. Además, también aprovechó para denunciar el pago de 4,7 millones de euros en prestaciones indebidas a jóvenes extutelados entre 2019 y 2022, sin aceptar la explicación del Govern que eso se produjo por un error en el cruce de datos. “¿Cuatro años para corregir un fallo? ¿Del 2019 al 2022 sin cruzar datos y pagando prestaciones indebidas por millones de euros? Que nos lo expliquen también”.
La portavoz aprovechó su intervención para reprochar al Govern de ERC y al actual del PSC los procedimientos de contratación de emergencia y las prórrogas de los contratos “sin justificación”. “Se fueron prestando unos servicios, se fueron pagando facturas, pero no hay ningún documento justificativo de esas prórrogas”, remarcó Roldán, que tampoco admitió que los responsables de esta dirección general se escuden en el Covid, el 155 o la prórroga presupuestaria, por la sencilla razón “que todo esto hay que documentarlo y la Ley de Contratos del Sector Público lo explica perfectamente, pero ustedes no lo hicieron”.
Pero las sospechas sobre presuntas irregularidades van aún más allá, en tanto que la DGAIA fijó precios de los servicios de acogida sin disponer de un estudio económico, “sin ningún
análisis previo que justificara la correspondencia entre coste real y dinero pagado”, llegándose a un gasto de 11,8 millones por encima de los importes adjudicados. “A mí me gustaría saber quién autorizaba estos pagos que excedían el límite legal de los contratos”, señaló Roldán.
Tampoco pasó por alto la diputada popular la relación entre Fundación Mercè Fontanilles y la Fundación Resilis, “que eran los prestadores de servicio y también eran los que tendrían que controlar si aquello se estaba llevando a cabo de forma correcta” o las plazas fantasma en centros de acogida de Cataluña, todo perfectamente denunciado por un trabajador interno “a quien la Oficina Antifraude ha dado visos de veracidad” y que ha aportado unos audios donde sus superiores reconocían que las cosas no se estaban haciendo correctamente.
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