El Gobierno ha puesto al fin cifras al impacto real del reciente episodio fronterizo. Según estimaciones oficiales, alrededor de 5.000 personas de las que cruzaron irregularmente la valla de Ceuta permanecerán en suelo español. La cifra incluye unos 2.500 menores y un número similar de potenciales demandantes de asilo. Este contingente representa un porcentaje reducido respecto al total que irrumpieron masivamente, pero abre de nuevo el debate sobre la capacidad de contención del Estado.
La inmensa mayoría de quienes entraron en la ciudad autónoma ya han sido retornados a Marruecos. Moncloa saca pecho de la cooperación con el régimen alauita para agilizar devoluciones, un argumento habitual cuando se busca amortiguar la crítica por la vulnerabilidad de las fronteras. Sin embargo, todavía permanecen en territorio ceutí miles de personas en una situación precaria, repartidas en espacios improvisados, instalaciones saturadas e incluso en la vía pública.
De este grupo pendiente, se prevé la expulsión progresiva de unos 3.000 adultos considerados migrantes económicos. Se trata de ciudadanos que no cumplen los requisitos legales para obtener protección internacional ni asilo en la Unión Europea. La lentitud en la tramitación de estos expedientes vuelve a evidenciar la falta de agilidad burocrática del Ministerio del Interior ante situaciones de tensión migratoria aguda.
El gran reto financiero e institucional vuelve a situarse en la tutela de los menores no acompañados. La legislación vigente obliga a España a asumir la custodia de estos 2.500 jóvenes, entre los que figuran cientos de niñas y niños de corta edad. Para responder a este desafío, el Gabinete ha anunciado una partida inicial de 25 millones de euros, una cuantía que previsiblemente se quedará corta a medida que se desplieguen los recursos necesarios.
Fiel a su guion habitual, el Ejecutivo central ya prepara el reparto de estos menores entre las distintas comunidades autónomas. La intención de activar mecanismos de redistribución amenaza con reabrir un agrio conflicto territorial. Moncloa vuelve a recurrir a la imposición legislativa para trasladar la carga de la gestión a los gobiernos autonómicos, obviando las advertencias sobre la saturación de sus servicios sociales.
Esta nueva crisis pone al descubierto las costuras de la política migratoria del PSOE, caracterizada por la reacción improvisada más que por la prevención. Mientras el Ejecutivo vende contención en los titulares, la realidad sobre el terreno traslada la presión a las autonomías y deja abiertas serias dudas sobre la sostenibilidad del modelo a largo plazo.
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