Foment del Treball ha acogido con alivio la prórroga concedida por el Gobierno a la central nuclear de Almaraz hasta el año 2030. Tras este movimiento, la gran patronal catalana ha exigido de inmediato a Moncloa un trato idéntico para las instalaciones de Ascó y Vandellòs. La entidad liderada por Josep Sánchez Llibre considera inviable mantener un calendario de cierres fijado por meros prejuicios ideológicos. La patronal reclama al Ministerio para la Transición Ecológica una planificación basada estrictamente en criterios técnicos, económicos y de seguridad.
La patronal defiende que Cataluña no puede permitirse el lujo de desconectar una fuente de generación continua. El tejido productivo catalán necesita certidumbre eléctrica para mantener su competitividad frente a otros mercados europeos. La industria no vive de pancartas, sino de un suministro constante e ininterrumpido. Aseguran que la energía nuclear actúa hoy como un escudo fundamental frente a la volatilidad de los mercados internacionales. No solo garantiza que las fábricas sigan funcionando día y noche, sino que evita un recurso masivo a los combustibles fósiles importados.
Sánchez Llibre insiste en abrir un debate sereno sobre la verdadera transición energética. La obsesión del Ejecutivo por acelerar el apagón atómico choca de frente con las necesidades reales del sistema eléctrico español. Para Foment, la descarbonización real de la economía debe realizarse a un coste razonable para el ciudadano. Ignorar la aportación de la tecnología nuclear en este proceso aboca al país a una factura inasumible.
Los datos presentados por la patronal resultan demoledores para el relato oficial de la izquierda. Extender la vida útil del parque nuclear permitiría un ahorro anual cercano a los 8.000 millones de euros para el conjunto de los consumidores. Prescindir de estas centrales implicaría un encarecimiento desmedido del recibo de la luz. Los hogares y pymes sufrirían un sobrecoste del 23%, mientras que la gran industria vería incrementada su factura en un demoledor 35%.
El apagón nuclear forzaría, según Foment, un mayor consumo de gas natural en un contexto internacional convulso. Esta sustitución incrementaría las emisiones de CO₂ con un coste ambiental y económico superior a los 1.300 millones de euros al año.
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