Miriam Feu, responsable de análisis social e incidencia de Cáritas Diocesana de Barcelona, en unas jornadas organizadas hace unos días por esta entidad puso énfasis en que las «consecuencias sociales y económicas del COVID-19» golpearon «con más intensidad a las personas migradas, sobre todo en aquellas que viven de la economía informal».
Esta activista social, en dichas jornadas en la que se presentó un documento elaborado por dicha entidad, informó que los «ingresos de las familias atendidas por Cáritas Diocesana de Barcelona que sobrevivían de la economía informal, la mayoría de ellas migradas, han caído un 73%, y un 32% de las familias migradas de nacionalidad extracomunitaria no perciben ningún ingreso».
Las personas migradas, antes de la pandemia, ya tenía unas dificultades específicas que Feu detalló, como «conseguir una vivienda digna, empadronarse, ser atendido por servicios sociales o encontrar un trabajo son muros que diariamente deben saltar para llegar a la meta».
Y añadió que temas tan «básicos» como «ser empadronado, abrir una cuenta corriente o ser atendido por los servicios sociales no es posible para muchas personas migradas en situación administrativa irregular».
El director de Cáritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets, pidió «políticas de choque» a las administraciones públicas y ha solicitad una «flexibilización» en la concesión de las autorizaciones de residencia y trabajo, para que las personas extranjeras en situación irregular puedan acceder al mercado laboral con plenas garantías. Y ha añadido que los servicios sociales deberían «garantizar» la atención de las personas migradas, especialmente la de aquellas que tienen una situación administrativa irregular.
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