La izquierda, la inmersión y la Ley Celaá

La tramitación en el Congreso de los Diputados del nuevo proyecto de ley de Educación (la LOMLOE, Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, cuyo nombre es un galimatías que a lo que más recuerda es a lo del marxiano “la parte contratante de la parte contratante”), o “Ley Celaá”, pone de nuevo de manifiesto dos de los más graves problemas que sufre la democracia española: a) la triste sumisión de la derecha española a los rancios intereses de la Conferencia Episcopal y de los sectores más reaccionarios de la Iglesia Católica, que le impide ser una derecha europea, liberal, moderna y laica, y b) la triste sumisión de la izquierda española a los rancios intereses de los nacionalismos disgregantes, que le impide ser una izquierda real al servicio de la solidaridad entre las clases trabajadoras de todos sus territorios.

Y de paso, pone también de manifiesto el oportunismo y la demagogia de una derecha ultramontana que se desgañita despotricando contra las supuestas indignidades cometidas por la (también supuesta) izquierda desde el Gobierno, cuando son exactamente las mismas indignidades que ha cometido ella cada vez que ha gobernado y que le ha convenido pactar con los nacionalistas.

En concreto, desde Alternativa Ciudadana Progresista constatamos que lo que hace la Ley Celaá con respecto al polémico tema de la inmersión lingüística no es expulsar a la lengua española del sistema educativo en Cataluña, sino únicamente ratificar y bendecir una expulsión que ya se produjo hace muchos años, a raíz del Pacto del Majestic entre José María Aznar y Jordi Pujol de 1996, de la consiguiente transferencia de las competencias exclusivas de Educación a la Generalitat, y de la Llei de Política Lingüística catalana de 1998, que establecía la exclusividad del catalán como lengua vehicular en la escuela catalana y que jamás fue impugnada por un PP al que, en aquel momento, le hacían falta los votos de CiU para poder seguir gobernando.

Una expulsión del castellano de la escuela, eso sí, que nos parece especialmente grave que se niegue o se justifique precisamente desde la izquierda, cuando a quien más perjudica es a los niños y niñas de clases trabajadoras, castellanohablantes en su gran mayoría, y que sufren un altísimo grado de fracaso escolar y un fuerte freno a sus posibilidades de promoción social en Cataluña. Según la UNESCO, que los niños y niñas reciban la primera educación en su propia lengua materna es esencial para facilitar la atención y la comprensión en el proceso de aprendizaje. Y en Cataluña, hoy, ese derecho sólo se reconoce a una parte de la ciudadanía, que coincide sustancialmente con el segmento social que goza de rentas más altas y un mayor nivel socioeconómico y educativo.

Con respecto a la escuela concertada, por otra parte, la Ley Celaá ha conseguido irritar a la patronal del sector con la decisión de prohibir el cobro de cuotas por la enseñanza a las familias (prohibición que, en la práctica, los centros conseguirán eludir mediante cualquier añagaza, como hicieron en su momento con la creación de las supuestas “fundaciones” a las que dichas cuotas se abonan actualmente), pero ello de ninguna manera afecta al núcleo esencial del problema, que es la anormalidad de la existencia de una triple red educativa en España, pública, privada y concertada, y lo que ello supone de desvío de recursos públicos de una muy necesitada Escuela Pública (obligada a proporcionar un servicio universal, esencial y gratuito a toda la ciudadanía, incluyendo a las familias con menores ingresos y a los niños y niñas con mayores dificultades y necesidades educativas) hacia un negocio privado controlado, en su mayoría, por unas órdenes religiosas movidas a partes iguales por el ánimo de lucro y la voluntad adoctrinadora.

Una triple red que, además, refleja y perpetúa una estructura fuertemente clasista en el acceso a la enseñanza: una escuela privada y de élite puesta al servicio de la reproducción endogámica de las clases más altas, una escuela semiprivada financiada en parte con recursos públicos y accesible a las clases medias y segmentos superiores de las clases trabajadoras, a las que ofrece una tímida posibilidad de promoción social cada vez más problemática, y una sobrecargada y depauperada escuela pública convertida muchas veces en ghetto para familias de escasos recursos económicos y bajo nivel socioeducativo, destinada a garantizar la reposición de mano de obra no cualificada para una economía dependiente y desequilibrada basada en el tocho y en los servicios.

Frente a todo ello, Alternativa Ciudadana Progresista defiende un modelo de educación pública, de calidad y doblemente laica que no adoctrine ni en las creencias religiosas ni en los sentimientos nacionales, donde se respete el derecho de todos los niños y niñas a ser escolarizados en su propia lengua materna siguiendo las recomendaciones de la UNESCO, y que garantice que toda la ciudadanía conozca en profundidad y en todos sus registros tanto el castellano como todas las demás lenguas que sean cooficiales en sus territorios respectivos, y no sólo con un conocimiento a nivel coloquial, como actualmente sucede en buena medida con el castellano en Cataluña.

Un modelo de escuela realmente inclusiva que facilite el pleno desarrollo de las potencialidades de las personas y que contribuya a la formación de una ciudadanía crítica, libre y responsable. Un modelo que, por desgracia, no es el de ninguna de las leyes educativas que se han redactado hasta la fecha en España ni en Cataluña, bajo gobiernos del PP, del PSOE, de Convergència ni del Tripartito.

JUNTA DIRECTIVA DE ALTERNATIVA CIUDADANA PROGRESISTA.

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