Dada mi profesión de abogado penalista, frecuentemente mis conocidos me preguntan «¿cómo puedes defender a un violador o a un asesino?». Y mi respuesta siempre es la misma: todas las personas tienen el derecho moral y constitucional a ser defendidas, porque cuando los delitos son fragantes, ya se encarga el Fiscal de acusar y el Juez de condenar. Además para que mi explicación quede más sustentada paradigmáticamente, siempre expongo el mismo ejemplo: ¿un médico se negaría a curar a un violador o a un asesino?
Dicho esto, los abogados tenemos claro que nuestra obligación es defender profesionalmente, y de la mejor forma posible a cualquier inculpado o delincuente, pero lo que jamás debemos de hacer es justificar la comisión de su delito, porque eso significa que nos ponemos a su nivel, y lo que es más grave, que justificamos su actitud ilícita.
En estos últimos tiempos me ha llamado poderosamente la atención, ver a ilustres compañeros míos, abogados de los golpistas de la intentona día 27 de octubre de 2017, salir en medios de difusión social justificando las acciones de sus clientes, cuando intentaron quebrantar el Estado de derecho, cometiendo un delito de lesa majestad tan grave, como lo que me atrevo a definir como «Estadocidio», que viene a significar matar al Estado español en Cataluña, y con ello privar de derechos civiles y políticos a millones da catalanes.
Para colmo algunos de ellos se están dedicando a hacer «bolos» o mejor dicho, impartir conferencias por las ciudades y pueblos de Cataluña, haciendo apología del separatismo y, como si el público concurrente se tratase de niños hablándoles del coco, explicar lo malo que es el Estado español, que de dedica a violentar todos los derechos habidos y por haber.
Otra faceta que roza ya los límites de la esquizofrenia, es la de algunos compañeros, que siendo profesores de derecho en Universidades catalanas, han repetido por activa y por pasiva que el derecho, las leyes y los tribunales de justicia españoles, son como los de Bostwana. Supongo que si según ellos, esta afirmación es verdadera, se han tirado toda su vida académica y profesional, enseñando y aplicando un derecho parecido al de Bostwana.
En 1858 Jefferson Davis, el que tres años después sería proclamado Presidente de los Estados Confederados de América, consciente de que se avecinaba una guerra contra los Estados Unidos, presentó ante la Cámara de representantes del Estado de Mississipi, un proyecto de Ley de servicio militar obligatorio. Su amigo el congresista Judah Benjamin, un prestigioso abogado de Nueva Orleans, de origen sefardí, se opuso frontalmente desde su escaño al proyecto. Davis sabía perfectamente que Benjamin era partidario de la guerra como él, y prueba de ello es que cuando estalló el conflicto, el mismo Jefferson Davis nombró a Judah Benjamin Secretario de Estado y luego Secretario de Guerra.
Jefferson Davis estaba profundamente contrariado con la falsa actitud de Judah Benjamín, y por ello suponiendo que había sido contratado por sectores antibelicistas y abolicionistas, le acusó de actuar en su discurso parlamentario como si fuera un abogado contratado. Benjamín muy enojado, lo negó en el mismo hemiciclo, retando a un duelo a Davis. Duelo que finalmente no se celebró, porque pesó más la amistad entre ellos que la afrenta.
Con este ejemplo ilustrativo, a veces me pregunto que si a los abogados del «procés», los hubiese contratado el Estado español o una asociación ciudadana constitucionalista, seguramente ahora estarían hablando por la radio y la televisión, de las excelencias del Estado de derecho español y de las garantías constitucionales que ofrece. Poderoso caballero es Don Dinero.
La gran mujer y abogada Concepción Arenal, nos dio a todas las futuras generaciones de letrados una lección magistral cuando dijo: «Odia al delito y compadece al delincuente». Pero por lo visto algunos abogados han preferido amar el delito y justificar al delincuente.
Juan Carlos Segura Just
Doctor en derecho y profesor del ISDE.
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