La reciente sentencia del caso Palau ha elevado ha público una verdad tan evidente como la financiación ilegal de Convergència Democrática de Catalunya, por medio de extorsiones, comisiones ilegales y maquinaciones para alterar el precio de las cosas. Estos hechos deplorables, que ahora nos aclara y nos acredita la sentencia, eran de dominio público para la inmensa mayoría de los catalanes desde hace muchos años, pero hasta ahora no se había producido ninguna sanción legal.
Recuerdo que por mi despacho profesional han pasado empresarios que se dedican a la obra pública, que me comentaban que en Cataluña, desde el inicio de la Transición, era imposible conseguir concesiones de obras adjudicadas por la Generalitat, si no se pasaba por las horcas caudinas del 3%, el 4% y a veces mucho más.
Evidentemente ha habido casos de corrupción urbanística en toda España, pero episodios como los acaecidos en comunidades como Andalucía, Valencia o Madrid, han obedecido a periodos de entre tres a cinco años, que corresponden al mandato de determinados dirigentes corruptos.
Sin embargo lo que en estas comunidades autónomas ha sido la excepción, en Cataluña se ha convertido en la regla, porque el sistema de concesión de obra pública a cambio de comisiones, que se repartían entre el comisionista y su partido, en Cataluña ha sido sistémico y continuado desde hace más de treinta años.
De hecho si analizamos las obras de gran envergadura del área de Barcelona, como la plaza de Europa, la Ciudad de la Justicia, la Línea 9 de metro o los edificios Cúbics de Santa Coloma de Gramenet, vemos como en todos y cada una de estas adjudicaciones, la policía y los tribunales se han visto obligados a intervenir. Aun así si incluimos todos los procedimientos que se están instruyendo judicialmente, sólo vemos la punta de un gigantesco iceberg, que de momento está tapado por las aguas.
Ahora recuerdo el comentario que me hizo una vez un amigo, dirigente de Convergència, que conociendo profundamente su partido me dijo: «durante estos años muchos se han hecho millonarios».
Convergència Democrática de Catalunya fue un partido político creado por empresarios locales, que tenían la finalidad de ganar dinero manejando convenientemente el poder. Disfrazando su rapaz actitud con dosis de nacionalismo, que se desplegaba como una eficaz cortina de humo. Algo muy similar también a nivel local, ocurrió con la fenecida Unió Mallorquina, que siendo un partido más pequeño, optó por su disolución porque gran parte de su ejecutiva fue condenada. Pero aquí, en un ejercicio de cinismo sin precedentes, los dirigentes de Convergència han optado por cambiarle el collar al perro, con la premisa del borrón y cuanta nueva, y aquí no ha pasado nada.
Ya lo advirtió Pascual Maragall cuando en el Parlament de Cataluña, dijo que los señores de Convergència tenían un problema que era el 3%, pero lo que no dijo es que ese problema no era de los señores de Convergència, porque ese problema lo tenemos los catalanes.
Juan Carlos Segura Just. Abogado
Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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