La decisión y los razonamientos del Juez Llarena tras la reforma del Código Penal por la que se deroga el delito de sedición y se modula el delito de malversación, suponen de facto el reconocimiento judicial de que la Sentencia del “Pruses” por los hechos de 2017 ha sido anulada quedando sin efecto. Revela además cómo en España la división de poderes ha saltado por los aires al ser desautorizado el poder judicial por el poder ejecutivo con la connivencia del poder legislativo.
Se ha legislado “ad hoc” para salvar la continuidad de Pedro Sánchez en La Moncloa y una herramienta necesaria es la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la citada reforma del Código Penal de 1995, que pueda finalmente reponer el orden constitucional pervertido.
Sucede que la reciente composición de nuestro Tribunal de Garantías está ahora en manos de quiénes deben su puesto al Gobierno socialista, con lo que una eventual declaración judicial de ese calado se antoja lejana e improbable.
No se conoce en la legislación comparada de nuestro entorno democrático un desaguisado vergonzante de la magnitud vivida ni una desacreditación tan lacerante de la democracia constitucional. Lo acontecido es similar a lo que de forma más burda y violenta se viene dando en los países de América latina, tras la llegada del populismo a sus respectivos gobiernos.
Y a pesar de que el togado desnuda los argumentos legales para la derogación del delito de sedición, convirtiendo la decisión legislativa en una ley de amnistía encubierta, lo cierto es que será el Pleno de la Sala 2ª del Tribunal Supremo quien acabe compartiendo o no el criterio bien construido del Instructor sobre el encaje de los hechos en la tipificación delictiva, en lo que refiere a la pervivencia del delito de malversación agravado, si habiendo sido la malversación un medio para la sedición, al desaparecer ésta última el masivo desvío del numerario acreditado mantiene su carácter delictual.
Desde luego, la lectura y el detalle con que el Juez Pablo Llarena Conde aborda la investigación criminal por la intentona golpista es loable, aunque mi única duda es si prosperará teniendo claro que el sentido de la reforma punitiva está encaminada a amnistiar a los encausados y a los ya condenados, propósito último del separatismo que el PSOE ha abrazado para mantenerse en el poder a cualquier precio.
La traición del socialismo al conjunto de los españoles y a su soberanía única e indivisible es tan evidente que solo cabe esperar que lo acaben pagando en las urnas cuanto antes. De lo contrario, en el horizonte se avizora la celebración de un referéndum en Cataluña que mutile nuestra Nación, algo inconcebible en los ordenamientos constitucionales europeos como sistemáticamente refleja el Juez Llarena en su resolución judicial, y que no debemos permitir.
Decir que se ha reformado un Código decimonónico para adaptarlo a la legislación europea es una patraña, porque basta repasar con qué dureza se castiga los ataques a la integridad territorial en Alemania, Francia, Italia, Portugal, Polonia, Finlandia, Rumanía, Bélgica, etc. y porque el Código que se ha reformado es el de 1995, el llamado “Código Penal de la democracia” en tiempos del Ministro de Justicia Belloch; paradójico.
En todo caso, lo que cabe reclamar de los partidos constitucionales con representación en el Congreso de los Diputados es impulsar todas las acciones políticas y judiciales necesarias para detener el deterioro institucional y democrático, derrumbando la corrupción antidemocrática que entraña el proyecto que Pedro Sánchez enarbola.
Salir a la calle el próximo 21 de enero, acudir al Tribunal de Garantías, presentar una Moción de Censura contra el Gobierno y votar masivamente en este intenso año electoral contra el PSOE, sumando esfuerzos, aunando voluntades y aparcando diferencias por el bien de España, son las únicas vías legítimas para defender al pueblo español y garantizar la supervivencia de nuestra Nación, a la que el “sanchismo” ha decidido poner fin entregándose a los que se han empeñado en destruirla y lo están consiguiendo.
Si somos capaces de comprometernos eficaz y generosamente en esta misión histórica garantizaremos la continuidad de España como una de las grandes naciones del mundo.
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