La politización de las aulas

Pese a la inflamada épica nacionalista, tan tendente a convertir en “día histórico” todo lo que toca, el 1-O fue un día profundamente triste en Cataluña y con esa resaca nos levantamos el lunes 2 de octubre. Nadie escapó de esa sensación de desasosiego que nos inundó a los catalanes no solo esos días sino a lo largo de todo el otoño de 2017. En ese sentido, es normal que se hablara del tema en los centros escolares.

Hasta ahí, nada que decir. Es obvio que la mayoría de los docentes hacen bien su trabajo y vehicularon esos debates con respeto a todas las sensibilidades. Pero no en todos los casos fue así y los casos de mala praxis han de ser denunciados porque estamos hablando de menores que es un bien superior que se ha de proteger.

Durante aquellos días no paraba de recoger quejas de muchas familias por situaciones de politización de las aulas que nunca deberían haberse dado. La más de las veces, estas familias pedían anonimato porque les daba miedo que, de hacerse pública sus quejas, sus hijos sufrieran represalias así que la inmensa mayoría de ellas no han visto nunca la luz.

Sin embargo, hubo nueve familias de un mismo instituto que decidieron denunciar por un supuesto delito de odio. Se trata del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca, que acoge a muchos hijos de guardias civiles por hallarse cerca de la caserna de esa localidad. Según apareció en la prensa de aquellos días, los padres tuvieron que ir a buscar a sus hijos que estaban llorando e incluso con ataques de ansiedad después de que algunos profesores soltaran lindezas como que policías y guardias civiles “son unos animales, solo saben dar palos”, “han sido unos salvajes” o “son perros rabiosos”.

Nada que no se oyera de forma reiterada en todas las tertulias de los medios públicos y concertados catalanes. Al parecer, un docente llegó a espetarle a su alumno de 12 años: “¿estarás contento con lo que hizo ayer tu padre?” Después se animó a los alumnos a protestar contra la actuación policial a las 12h, es decir, en horario escolar. Los alumnos que decidieran no secundar la protesta se veían, obviamente, señalados. Y para cualquiera resulta muy difícil manifestarse en contra de sus propios padres.

Como debió de ser lo que se vivió en ese instituto –y otros que no han trascendido- que los alumnos de bachillerato, de forma espontánea y sin adultos, convocaron una concentración frente al instituto para pedir respeto hacia sus compañeros hijos de guardias civiles. Así, una convocatoria organizada por alumnos por Whatsapp congregó a más de 200 alumnos a las 8h de la mañana en la puerta del instituto que estuvieron allí durante una hora sin entrar a clase.

Resulta absurdo pensar que más de 200 alumnos se arriesgaran a sanciones si no consideraran muy grave lo que ha ocurrido y, sin embargo, ¿qué nos encontramos ahora? Pues que sindicatos, Consell Escolar y Síndic de Greuges han salido en tromba a decir que allí no ha pasado nada y que los alumnos y sus familias que se vieron señalado se lo inventan todo. O sea, que en lugar de velar por la protección de los menores, los acusan de mentir. Y, por supuesto, todo es una acción para desprestigiar “el model d’èxit de l’escola catalana” porque, en su infinito gregarismo, dan por hecho que denunciar casos concretos de mala praxis es equivalente a acusar a todo el profesorado catalán entre el que, por cierto, me cuento.

Es de sobras conocido el Programa 2.000 de la Convergencia de Jordi Pujol que propugnaba la infiltración nacionalista en todos los ámbitos sociales. No queda ninguna duda de su éxito en, por ejemplo, los sindicatos mayoritarios, presentes en cuantos saraos separatistas son invitados. Por lo que respecta al Consell Escolar, es tan de parte que su presidente Lluís Font es, a la vez, diputado de Junts per Catalunya. Todo un ejemplo de neutralidad cuando habla en nombre del Consell Escolar de Catalunya, sin duda. Y qué decir del Síndic del Procés.

Este supuesto defensor de los ciudadanos frente al mal funcionamiento de la Administración no tiene nada que decir sobre esta y, sin embargo, ataca a los ciudadanos que debería proteger por haber denunciado los hechos. Según él, deberían haberlo solucionado con el centro escolar y la inspección. En el citado Programa 2.000 se alienta a “reorganizar el cuerpo de inspectores de forma que vigilen la correcta cumplimentación de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza”. De nuevo, objetivo cumplido: 8 de cada 10 inspectores de educación no lo son por oposición, como sería pertinente, si no puestos a dedo por los diferentes gobiernos nacionalistas.

Así las cosas, resulta evidente que las familias no pueden confiar ni en los sindicatos, ni en el Consell Escolar ni en los inspectores ni el Síndic de Greuges para reclamar protección a sus hijos. Pero, por si todo esto fuera poco, hace unos días salió a la luz que fue la propia dirección territorial de Enseñanza del Baix Llobregat a la que pertenece el instituto El Palau la que pidió por correo electrónico que se concentraran el día 2 de octubre a las 12h en el patio.

Es decir, que nada de concentración espontánea para vehicular las inquietudes de los alumnos, como se dedican a decir los portavoces sindicales sino órdenes venidas de arriba. El propio Departament d’Ensenyament pidiendo a los profesores que hagan que sus alumnos menores se manifiesten por los hechos del 1-O en horario lectivo. Y luego se quejan cuando criticamos la politización de las aulas…

Sonia Sierra es diputada de Cs en el Parlament

no recibe subvenciones de la Generalitat de Catalunya ni de otros organismos públicos.
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