Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en las provincias de Barcelona y de Girona cinco plantaciones de marihuana ubicadas en las localidades de Sant Celoni (Barcelona) y de Riells i Viabrea (Girona), todas ellas controladas por la misma organización criminal.
La investigación se inició el pasado mes de marzo de 2019, gracias a una denuncia anónima que alertaba a los investigadores de la posible existencia de una plantación de marihuana indoor en una vivienda unifamiliar ubicada en una urbanización de localidad barcelonesa de Sant Celoni.
Gracias a las pesquisas policiales se pudo corroborar efectivamente la existencia de los hechos denunciados, así como localizar otras cuatro plantaciones en domicilios cercanos y otra más en la localidad de Riells i Viabrea.
Durante el transcurso de la investigación se pudo identificar y determinar que los principales responsables de la organización contaban con numerosos antecedentes, significándose que a uno de ellos le consta una detención por homicidio doloso en el año 2000. Este extremo quedaba reflejado en el alto nivel de profesionalidad y peligrosidad que gozaban y que dificultó las pesquisas que llevaron a su desarticulación. Tomaban múltiples medias de seguridad para no ser descubiertos, y ocultaban su verdadera identidad con documentación falsa de países de la U.E. que les permitía moverse con total libertad por el espacio Schengen.
La fase de explotación de la investigación se llevó a cabo a mediados de mes de agosto de los corrientes. Durante su transcurso se practicaron cinco registros en los domicilios utilizados por la organización donde ocultaban las 4.401 plantas de marihuana que fueron aprehendidas, así como se intervinieron numerosos utensilios para su pesaje y manipulación, una pistola semi-automática del calibre 6,35 con abundante munición, 5.450 euros en efectivo, tres vehículo de gran cilindrada y una furgoneta. El arma hallada conformó el potencial de peligrosidad que había detectado los investigadores.
La energía necesaria para alimentar las diferentes instalaciones era tomada fraudulentamente de las acometidas generales, significándose el riesgo de incendio por sobrecarga que puede generar este extremo para las viviendas colindantes.
La operación se saldó con un total de cinco detenidos, cuatro de ellos de nacionalidad serbia y uno española, a quienes se les imputan los delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas, pertenencia a grupo criminal, defraudación de fluido eléctrico, y falsedad documental. Tras ser puestos a disposición judicial el juzgado competente ordenó su ingreso en prisión provisional.
La investigación fue llevada a cabo por funcionarios de Policía Nacional afectos a la UDYCO de la Brigada Provincia de Policía Judicial de Barcelona.
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